Compromís juzga insuficiente la propuesta de Hacienda y exige acabar con la infrafinanciación y la deuda valencianas

La deuda acumulada por la Comunidad Valenciana derivada de su infrafinanciación alcanza ya los 46.000 millones de euros, lo que representa casi la totalidad de la deuda total de la autonomía. En este contexto, Àgueda Micó, diputada de Compromís en el Congreso, ha urgido a la adopción de medidas que no solo contemplen un nuevo sistema de reparto de fondos, sino que corrijan de manera efectiva el desequilibrio arrastrado durante años. La representante valenciana advierte que, aunque el nuevo modelo propuesto por el Gobierno central introduce recursos adicionales y algunos avances iniciales, las desigualdades estructurales persisten y requieren un enfoque más profundo. Según informó el medio de comunicación, Compromís ha considerado insuficiente la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda y ha reclamado una revisión de criterios para poner fin a la brecha económica que afecta a la Comunidad Valenciana.

El nuevo esquema de financiación autonómica presentado por el Gobierno incluye un aumento de 16.000 millones de euros provenientes del incremento en la recaudación por IRPF e IVA, así como una aportación adicional de 19.000 millones por parte de la Administración General del Estado, conocida como nivelación vertical. De acuerdo con la información difundida por Compromís y confirmada por el medio citado, Micó reconoce que esta inyección financiera aporta mayor capacidad económica a todos los territorios, si bien destaca que esto no garantiza por sí mismo el cierre de las diferencias entre comunidades. La diputada insiste en que los progresos son insuficientes mientras se mantenga la brecha actual, y pone el foco en analizar detenidamente “la letra pequeña” del nuevo modelo.

Dentro de los aspectos que Compromís examinará con especial atención figura la aplicación del concepto de “población ajustada”, mecanismo que, según denunció Micó y recogió el medio, ha favorecido históricamente una distribución desigual de fondos, en perjuicio de la Comunidad Valenciana. Según sus propios análisis, la aplicación de este criterio ha generado una amplia discriminación y obstáculos para que esta autonomía logre situarse en la media nacional. También anticipó que evaluarán cómo se distribuyen los fondos de solidaridad para comprobar si las novedades previstas permitirían superar la infrafinanciación y alcanzar niveles equiparables al resto de territorios.

Compromís sostiene que sigue existiendo una diferencia significativa entre la comunidad mejor financiada y aquella que menos recibe. La diputada valenciana destaca que, según reconoció la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la distancia per cápita podría alcanzar hasta 700 millones de euros, lo que, a juicio de la formación política, evidencia la persistencia de los desequilibrios que el nuevo modelo no aborda por completo. Tal como publicó el citado medio, Micó pide no solo acortar la desigualdad, sino erradicar las diferencias entre autonomías respecto a la financiación recibida.

Además de reclamar cambios en los criterios de reparto, Micó ha reiterado la relevancia de que el eventual nuevo sistema esté acompañado de un fondo complementario de nivelación destinado a corregir la deuda generada por la infrafinanciación valenciana. Según detalló Compromís y reportó el medio, la propuesta contempla que este fondo actúe como medida transitoria hasta la puesta en marcha definitiva del nuevo sistema, cuya entrada en vigor dependerá de la aprobación parlamentaria y está prevista para 2027. La diputada argumentó que la ministra Montero ya habría confirmado la existencia de recursos económicos suficientes para implementar este instrumento de compensación de manera inmediata, lo que permitiría que todas las comunidades autónomas dispongan de una financiación igual o superior a la media hasta la reforma integral del modelo.

Según consignó el medio informativo, la demanda de Compromís de revisar el sistema recoge tanto la necesidad de erradicar la infrafinanciación como la urgencia de reparar la deuda histórica. Estas reivindicaciones buscan garantizar que la Comunidad Valenciana reciba un trato equitativo bajo la nueva normativa, dejando atrás la discriminación observada en ejercicios anteriores. El planteamiento de Àgueda Micó recoge el sentir mayoritario entre los representantes valencianos en el Congreso, quienes consideran que un reparto más justo de los recursos permitirá mejorar la prestación de servicios públicos y fortalecer la autonomía financiera de la región.

La formación valenciana manifiesta la voluntad de analizar en profundidad todos los aspectos técnicos y jurídicos del documento presentado por Hacienda y advierte que su posición definitiva dependerá del resultado de este examen. La diputada de Compromís subraya que el objetivo prioritario es que ninguna comunidad autónoma quede relegada en términos de financiación y que la cohesión territorial se asegure a través de un sistema que elimine diferencias sustanciales en las transferencias que reciben los distintos territorios del Estado.

De acuerdo con la información publicada por el medio, la propuesta presentada por el Gobierno responde a demandas históricas de varias comunidades que han reclamado durante años cambios en la fórmula de financiación. A pesar de reconocer avances en el incremento de fondos y en la capacidad tributaria de las autonomías, Compromís enfatiza que el modelo debe contemplar mecanismos específicos para corregir desigualdades preexistentes y no limitarse a reducirlas de manera parcial.

En este contexto de debate sobre la financiación autonómica, la posición de la diputada Micó refleja la preocupación de sectores sociales y políticos valencianos respecto a la distribución de los recursos estatales y el impacto que ello tiene en la gestión de los servicios básicos. La incertidumbre sobre los criterios de reparto plantea preguntas sobre el futuro fiscal y económico de la región, en tanto la formación aspira a que sus reivindicaciones sean incorporadas en el proceso parlamentario y que la reforma se traduzca en una mejora real en la equidad financiera entre comunidades.