
Antoni Costa, portavoz del Ejecutivo de Baleares y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, manifestó que la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica omite cuestiones fundamentales para el archipiélago, como el reconocimiento del crecimiento poblacional y de la población flotante, y criticó que además disminuye la ponderación de la insularidad en el sistema. Durante la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, Costa señaló que el Govern balear no comparte el planteamiento presentado por el Ministerio de Hacienda y aseguró que defenderán sus intereses en los órganos correspondientes. Baleares, según detalló Costa y tal como publicó el medio fuente, considera radical la nueva propuesta y estudia acciones legales si se obliga a la comunidad a aumentar los impuestos.
De acuerdo con el medio fuente, la polémica se generó tras la presentación de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien formalizó el documento sobre el modelo de financiación para su debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), programado para el próximo miércoles. El Govern balear reiteró su rechazo y anticipó una postura de oposición en la reunión. Costa remarcó: “Estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero si quieren subir los impuestos –especialmente el de Sucesiones y Donaciones– no hay nada que negociar”. En sus declaraciones, también recalcó la posición de la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien, al igual que el resto del Gobierno autonómico, mantiene una oposición firme frente a la propuesta.
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Según informó el medio fuente, el Ejecutivo balear cuestiona que la propuesta del Estado ignore todas las demandas presentadas por las autoridades isleñas, relativas a las especificidades demográficas y territoriales. Costa criticó que, lejos de incluir estas reclamaciones, la nueva fórmula reduce el peso de la insularidad, un aspecto que consideran clave para garantizar equidad en la distribución de recursos entre comunidades autónomas. Además, manifestó su desacuerdo con el anuncio de Hacienda de limitar el denominado dumping fiscal, lo que, a su juicio, pone trabas a la autonomía tributaria de la región.
En referencia a la cantidad que recibiría Baleares si se procede con la reforma, el portavoz indicó, según consignó la fuente, que nunca han solicitado una suma determinada, sino una modificación profunda del sistema y un mecanismo que responda a las necesidades reales de los residentes en el archipiélago. Asimismo, Costa puntualizó que la cifra de 412 millones de euros anuales propuesta no responde a las demandas de fondo del Govern, cuya prioridad radica en la justicia del modelo y la representación adecuada de los ciudadanos baleares.
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En el contexto de la negociación, el conseller también expresó reparos ante la participación directa del líder de ERC, Oriol Junqueras, en el proceso de definición del nuevo sistema, a quien consideró ajeno a los intereses de Baleares. “El que negocie el sistema de financiación autonómica sea el líder de ERC es absolutamente indignante”, sostuvo Costa, tal como reportó el medio fuente. En sus palabras, la negociación de aspectos que afectan a todas las comunidades debe darse en un marco multilateral y no de manera bilateral entre el Gobierno central y una formación política.
El Ejecutivo autonómico dio a conocer, según publicó la fuente, que recurrirá a todas las vías políticas para intentar frenar la reforma, reservándose la opción de acudir a la vía judicial en el supuesto de que la norma finalmente se apruebe. Costa matizó, no obstante, que esta posibilidad depende de que la reforma alcance rango de ley, algo que ve improbable en el corto plazo, dado el actual escenario de ausencia de presupuestos aprobados en el Gobierno estatal.
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Durante la comparecencia, Costa insistió en que la reforma debe responder a criterios objetivos y ajustarse a las particularidades del archipiélago, de modo que se garantice una financiación adecuada para los servicios públicos en Baleares. El Govern reiteró, según la fuente, que cualquier modificación que implique elevar los impuestos autonómicos, especialmente sobre las herencias y donaciones, constituye la única línea roja inamovible en la negociación.
Por su parte, Hacienda defiende la propuesta señalando la necesidad de combatir el dumping fiscal detectado en algunas comunidades, pero el Ejecutivo balear sostiene que el modelo propuesto ignora la realidad insular y las características demográficas diferenciadas del archipiélago. El Govern destaca como preocupante la pérdida de peso de la insularidad en el reparto de fondos, aspecto que repercute directamente en la capacidad autonómica para garantizar prestaciones de calidad y hacer frente a los costes asociados a la insularidad.
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La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera se presenta como el espacio central para la discusión de este modelo, pero el Govern de Baleares, según detalló el medio fuente, anticipó su rechazo frontal y avisó de que agotará todas las opciones disponibles para impedir la aprobación de una fórmula que, a su juicio, lesiona los intereses de los ciudadanos baleares.
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