Piden hasta seis años de cárcel para el exalcalde de Cantoria (Almería) por la compra irregular de un palacio

El caso relacionado con la compraventa del Palacio de Almanzora se centra en una serie de pagos municipales que, entre 2011 y 2012, sumaron 40.400 euros y fueron abonados en varias partidas, según los detalles recogidos por Europa Press en documentos judiciales. El origen de estos pagos se sitúa en un contrato privado firmado en diciembre de 2009 entre Pedro Llamas, en ese momento alcalde de Cantoria (Almería) por el Partido Popular, y un particular, con el objetivo de adquirir parte de la citada propiedad para el Ayuntamiento por un importe total de 360.000 euros. Las acusaciones de la Fiscalía de Almería y del propio Ayuntamiento sostienen que la operación se realizó con irregularidades que habrían provocado un perjuicio económico a las arcas públicas, motivando la solicitud de penas que incluyen hasta seis años de prisión y diez años de inhabilitación para el exregidor.

Tal como publicó Europa Press, la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Almería juzgará a Pedro Llamas como presunto responsable de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. La apertura de juicio oral se fundamenta en un auto dictado por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Huércal-Overa, que identifica indicios suficientes para impulsar el procedimiento penal. La acusación ha sido presentada tanto por el Ministerio Fiscal como por el Ayuntamiento, este último representado por el letrado Javier Salvador del bufete Aránguez Abogados y personado como acusación particular.

El escrito de calificación provisional de la Fiscalía solicita para Llamas cuatro años de prisión y ocho años de inhabilitación especial por malversación de caudales, así como nueve años de inhabilitación especial por el delito de prevaricación. Además, el Ministerio Público exige que el acusado reintegre las sumas abonadas mediante el uso de fondos municipales. Por su parte, el Ayuntamiento eleva la pena solicitada y pide hasta seis años de cárcel junto a diez años de inhabilitación, reclamando también la devolución de los 40.400 euros comprometidos, incrementados con los intereses legales.

Europa Press detalló que las acusaciones expresan que la compra del Palacio de Almanzora no reunió los requisitos legales necesarios para una transacción de estas características. No consta la apertura de un expediente de contratación formal ni la preparación de informes técnicos, jurídicos o económicos obligatorios. Tampoco se destinó una partida presupuestaria que diera cobertura a la operación. Pese a ello, se procedió a efectuar varios pagos fraccionados con recursos municipales: el primero de 25.000 euros el 1 de marzo de 2011, seguido de abonos menores realizados los días 14 de octubre (1.100 euros), 15 de diciembre de 2011 (3.300 euros), 6 de febrero de 2012 (2.200 euros) y 16 de noviembre de 2012 (8.800 euros).

El medio Europa Press señaló que la gestión administrativa generó constantes advertencias por parte de la Secretaría y la Intervención municipal. Ambos órganos elaboraron informes donde registraron reparos sobre la legalidad de los pagos y sobre la improcedencia de abonar intereses derivados de un contrato privado. Estos reparos, según los documentos de la causa, fueron rechazados de forma reiterada por resoluciones del alcalde Llamas y no se sometieron a la aprobación del Pleno municipal, pese a que existía obligación legal para hacerlo. Las acusaciones entienden que esta actuación habría buscado sustraer la gestión a la supervisión colegiada y facilitar los pagos irregulares.

Según publicó Europa Press, el Ministerio Fiscal califica las actuaciones como constitutivas de prevaricación administrativa y malversación, mientras que la acusación particular incide especialmente en el daño patrimonial ocasionado al Ayuntamiento. El procedimiento judicial prevé la comparecencia de diversos testigos, entre ellos el exsecretario municipal y el vendedor del inmueble, además de agentes de la Guardia Civil vinculados con la investigación y peritos encargados de ratificar los informes documentales y policiales aportados durante la instrucción. Estas diligencias buscan establecer la posible comisión de los delitos que se imputan y esclarecer la responsabilidad del entonces alcalde en la gestión de los fondos municipales durante la operación de compra de parte del Palacio de Almanzora.