El Gobierno de Perú ordena la reorganización patrimonial de la petrolera estatal Petroperú

El directorio de Petroperú tendrá un plazo máximo de cinco días hábiles para acatar las decisiones establecidas en el nuevo plan de reorganización patrimonial, bajo responsabilidad funcional. El Gobierno de transición de Perú comunicó, según informó EFECOM, que esta medida busca responder a la crisis financiera de la empresa y proteger tanto los activos estatales como la distribución de combustibles en el país.

La medida fue aprobada a través de un decreto de urgencia publicado en el diario oficial El Peruano, donde se autoriza “de manera excepcional y por razones de necesidad pública” la reorganización de los activos de Petroperú. De acuerdo con EFECOM, esta reorganización implica dividir la empresa “en uno o más bloques patrimoniales”, opción que incluye la posibilidad de incorporar instalaciones emblemáticas como la nueva Refinería de Talara, ubicada en la costa norte peruana.

La vigencia de este decreto se extiende por un año y, durante ese periodo, Petroperú entrará en un proceso de promoción de inversión privada. El medio EFECOM detalló que la agencia estatal Proinversión tendrá la función de definir la modalidad de participación del sector privado, para lo cual deberá presentar un plan dentro de sesenta días. Este plan determinará de qué manera se organizarán los activos, bien sea en bloques patrimoniales o a través de fideicomisos, además de seleccionar a un operador especializado para la gestión de los mismos.

En este contexto, Proinversión también tendrá la capacidad de organizar, negociar y formalizar contratos de fideicomiso tanto con la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) como con otras entidades autorizadas, abarcando contratos de administración, garantía o flujos, con el propósito de cumplir los objetivos definidos por el decreto, según publicó EFECOM.

El plan de reestructuración será obligatorio para la administración de Petroperú, cuyo directorio deberá ejecutar las acciones necesarias dentro del plazo señalado tras recibir la directiva correspondiente. Las relaciones laborales que se vean afectadas por la reorganización seguirán los procedimientos previstos en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y la normativa vigente. Además, el directorio de la empresa estatal tendrá que aprobar en no más de treinta días una nueva estructura interna y definir las acciones para la reconversión y reducción de personal, siguiendo lo estipulado en el decreto de urgencia.

Además, el Ministerio de Energía y Minas tiene autorización para efectuar transferencias que sumen hasta 240 millones de soles, equivalentes a 71,2 millones de dólares, a favor de Petroperú. Estos fondos servirán para sostener las negociaciones con acreedores, facilitar la continuidad de las operaciones de la petrolera, disminuir gastos, e implementar ajustes necesarios en el personal y la organización interna, según detalló EFECOM.

El decreto cuenta con las firmas del presidente de transición, José Jerí; el primer ministro, Ernesto Álvarez; así como los titulares de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo. Miralles, según consignó EFECOM, ya había adelantado el 28 de diciembre pasado que el Ejecutivo prevía aprobar una reestructuración “integral” de la petrolera estatal a fin de “salvaguardar los activos del Estado” frente a la crisis financiera que enfrenta la compañía.

Dentro de las opciones consideradas por el Gobierno, figura la estrategia conocida como Proyectos en Activos, en la que, según explicó Miralles en declaraciones recogidas por EFECOM, “el Estado no vende, sino que pone en valor para que un privado desarrolle, realice una inversión y le genere réditos al Estado también”.

Petroperú, responsable de la exploración, refinamiento y distribución de combustibles en el país, arrastró pérdidas acumuladas cercanas a los 300 millones de dólares hasta julio pasado. Este déficit representa alrededor del 53% del capital social de la empresa, según reportó EFECOM.

La reorganización patrimonial de Petroperú surge en un contexto crítico para la empresa, cuya sostenibilidad y capacidad de abastecimiento han sido puestas en entredicho debido a la magnitud de sus pérdidas y compromisos financieros. Las autoridades peruanas han subrayado la urgencia de la intervención estatal para evitar que la situación financiera de la petrolera afecte la disponibilidad de combustibles en territorio nacional y comprometa más recursos públicos.

El proceso de transformación también prevé la participación activa de la agencia estatal Proinversión, que tomará decisiones estratégicas acerca del traspaso de activos, la posible consolidación de bloques patrimoniales y la búsqueda de operadores especializados. Este organismo público tendrá, además, la representación en la toma de decisiones sobre la gestión de las acciones y la selección de los futuros operadores, de acuerdo con la normativa publicada y citada por EFECOM.

Por su parte, los recursos transferidos por el Ministerio de Energía y Minas tendrán impacto directo en el balance y la operatividad de Petroperú, posibilitando la aplicación de medidas orientadas a la reducción de gastos, el logro de acuerdos con los acreedores y el ajuste del personal, con el objetivo de asegurar la viabilidad de la empresa.

El contenido del plan diseñado y ejecutado por Proinversión tendrá carácter vinculante y su aplicación obligatoria deberá materializarse en plazos estrictamente fijados en la normativa. Este marco legal apunta a una reconversión y reorganización profunda de la empresa estatal peruana, involucrando a distintos órganos y buscando atraer capital e inversión privada sin ceder el control de los activos estratégicos nacionales, según ha remarcado el Gobierno de transición y según reportó EFECOM.

Las directrices dadas evidencian el esfuerzo del Ejecutivo peruano por afrontar una crisis que, hasta julio, había generado en Petroperú pérdidas financieras considerables en relación a su capital. El proceso impulsado involucra la revisión de la estructura organizativa interna, la adecuación del personal, el rediseño jurídico y financiero de los activos, así como la promoción de nuevos esquemas de inversión privada, en un intento por restaurar la estabilidad y la sostenibilidad de la empresa estatal.

Compartir nota: