El Gobierno expresa su solidaridad con el excomisario europeo Breton tras imponerle los EEUU restricciones de visado

La decisión de Washington de restringir el visado a cinco personas vinculadas con la lucha contra la desinformación y la defensa del espacio digital europeo ha generado una amplia reacción en Europa, especialmente en el Gobierno español, cuya preocupación se ha centrado en el impacto que estas medidas pueden tener en la cooperación internacional. Según consignó Europa Press, el Ejecutivo ha calificado estas restricciones aplicadas al excomisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, y a cuatro responsables de organizaciones civiles, como acciones incompatibles entre socios y aliados.

Europa Press informó que la solidaridad expresada por el Ejecutivo español no se ha limitado a Thierry Breton, quien fue directamente señalado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, sino que también abarca al resto de los afectados: Imran Ahmed, presidente del Centro para la Lucha contra el Odio Digital; Clare Melford, del Índice Global de Desinformación; y Anna-Lena von Hodenberg junto a Josephine Ballon, ambas integrantes de la organización HateAid. Las restricciones fueron impuestas tras acusaciones por parte de la administración estadounidense, que señaló a estos individuos como promotores de acciones que, bajo su perspectiva, habrían impulsado medidas represivas en materia de censura a estadounidenses desde gobiernos extranjeros.

La resolución del Gobierno español, divulgada a través de un comunicado oficial, argumentó que medidas de este tipo contravienen los principios de colaboración internacional, especialmente entre aliados tradicionales como la Unión Europea y Estados Unidos. “Constituyen medidas inaceptables entre socios y aliados”, sostiene la nota del Ejecutivo, citada por Europa Press. En su argumentación, el Gobierno ha reiterado la importancia de preservar “un espacio digital seguro, libre de contenidos ilícitos y desinformación”, describiéndolo como un valor esencial para el funcionamiento de la democracia en Europa y como una responsabilidad compartida entre socios intercontinentales.

Europa Press detalló que la controversia aumentó tras una declaración difundida por la subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública de Estados Unidos, Sarah Rogers, quien confirmó que Thierry Breton forma parte del grupo de sancionados. Rogers explicó que el excomisario jugó un papel central en la formulación de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), normativa europea que busca combatir los contenidos ilegales y proteger a los usuarios de internet. Según Rogers, la sanción se justifica por el uso de la DSA como herramienta para coaccionar a plataformas estadounidenses, en especial por una carta enviada por Breton a Elon Musk, propietario de una de estas plataformas, en la que recordaba los procedimientos legales que enfrenta la empresa por supuesta desinformación y contenido ilegal. El Departamento de Estado consideró que la misiva de Breton constituía una amenaza, y argumentó que los señalados como agentes del “complejo industrial de la censura global” pretendían, según su valoración, censurar opiniones estadounidenses que discrepaban sobre el contenido permitido en tales plataformas.

De acuerdo con Europa Press, el Gobierno estadounidense decidió imponer una prohibición completa de entrada al país a los cinco sancionados, además de advertir que podrían enfrentar un proceso de deportación si ya se encontraran en territorio estadounidense. El Departamento de Seguridad Nacional quedó facultado para ejecutar estas acciones, conforme a la instrucción diplomática emitida desde Washington.

El excomisario Thierry Breton respondió a las medidas a través de su cuenta en la red social X, donde aludió a precedentes históricos de persecución ideológica en Estados Unidos, planteando la pregunta: “¿Vuelven a soplar los vientos del Macartismo?”, en referencia a la época de persecuciones promovidas por el senador Joseph McCarthy en los años 50 del siglo pasado.

Los demás afectados, todos vinculados con organizaciones que trabajan en el monitoreo y la denuncia de mensajes de odio, discursos discriminatorios y campañas de desinformación digital, han sido descritos por el Departamento de Estado como representantes de “ONG politizadas y activistas radicales”. Según Europa Press, el propio Departamento estatal justificó su inclusión en la lista de sancionados al considerar que sus actividades han generado consecuencias potencialmente graves para la política exterior estadounidense y han impulsado que gobiernos extranjeros adopten iniciativas que, a su juicio, resultan represivas para ciudadanos de Estados Unidos.

La DSA, en el centro del conflicto, se promulgó el año pasado con el objetivo de establecer nuevas obligaciones para las grandes plataformas tecnológicas en el control de contenidos ilegales, la mitigación de riesgos sistémicos y la protección de usuarios dentro del territorio europeo. Esta normativa contempla sanciones económicas para aquellas empresas que no cumplan con los requerimientos legales sobre la gestión de la desinformación y el discurso de odio, lo que ha generado intensos debates con compañías internacionales y gobiernos de terceros países, especialmente Estados Unidos.

El comunicado del Gobierno, citado por Europa Press, señala que la DSA protege el entorno digital europeo “sin discriminación”, e insiste en que la defensa de la democracia digital supone el compromiso de todos los actores internacionales. Este posicionamiento se produce en un contexto de acusaciones cruzadas entre responsables europeos y estadounidenses sobre la libertad de expresión, la censura y la legalidad de las exigencias regulatorias impuestas sobre plataformas digitales que operan transnacionalmente.

Europa Press reportó que el anuncio de sanciones estadounidenses se conoció poco después de una carta pública de Thierry Breton a Elon Musk, en la que el excomisario recordaba que la plataforma debía responder a procedimientos legales abiertos por supuestas infracciones a la DSA. Este episodio fue interpretado por el gobierno estadounidense como parte de una estrategia de presión que tendría como consecuencia la limitación de contenidos permitidos para los usuarios estadounidenses de la plataforma.

El debate por la definición de las fronteras de la libertad de expresión y el combate a la desinformación en el espacio digital global se mantiene en la agenda de la Unión Europea y Estados Unidos. Las recientes tensiones en torno a la DSA, recogidas por Europa Press, evidencian la complejidad de encontrar consensos en torno a la regulación del entorno digital y la defensa de la democracia en un contexto de intereses dispares y acusaciones cruzadas.