La Audiencia de Madrid revoca la decisión de Peinado de pedir los correos de Begoña Gómez y que la UCO los analice

La Audiencia Provincial de Madrid ha dispuesto que cualquier medida orientada al acceso y análisis de la correspondencia electrónica de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, deberá justificarse con argumentos legales sólidos y presentarse en un auto debidamente motivado antes de avanzar con la revisión de su contenido. Según informó Europa Press, los magistrados tomaron esta decisión tras aceptar los recursos presentados por la Fiscalía y la defensa de Gómez, deteniendo de forma provisional la investigación sobre los mensajes electrónicos.

De acuerdo con Europa Press, la decisión de la Audiencia revocó parcialmente una resolución anterior dictada por el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. Este había ordenado a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que entregara copias de todos los correos enviados y recibidos por Gómez a través de una cuenta oficial desde el 18 de julio de 2018 hasta el 23 de septiembre de 2025, así como el envío de esta información a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su análisis forense.

Los magistrados provinciales argumentaron que toda intervención sobre los mensajes electrónicos debe ajustarse a una base jurídica detallada. La resolución emitida resalta la obligación de fundamentar en un auto cualquier tipo de acceso o manipulación de comunicaciones electrónicas, según consigna el auto al que accedió Europa Press. Esta postura responde a la presentación de impugnaciones tanto del Ministerio Fiscal como de la representación legal de Gómez, alegando que la naturaleza confidencial de los mensajes requería salvaguardias específicas para proteger los derechos fundamentales de la investigada.

La cadena de diligencias ahora anulada, que formaba parte de la fase inicial de instrucción, comenzó tras la petición de las acusaciones populares, quienes estimaban necesario esclarecer si Gómez utilizó una dirección oficial de correo electrónico en el marco de los hechos bajo investigación. Por ello, el juez solicitó a la presidencia del Ejecutivo acreditar la existencia de una cuenta institucional asignada a Gómez y remitir copias de los mensajes correspondientes al periodo mencionado anteriormente. Posteriormente, la Justicia recibió una memoria USB que contenía los mensajes electrónicos enviados y recibidos por la esposa del presidente, según reportó Europa Press.

El procedimiento impulsado por el magistrado Peinado buscaba analizar el alcance de la actividad digital de Begoña Gómez y su potencial vinculación con los delitos indagados en el expediente. Según informó Europa Press, la instrucción atribuye a Gómez la presunta comisión de delitos como malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Estos cargos figuran en la etapa de diligencias previas, sin formalización de imputación ni apertura de juicio, como parte de los trabajos iniciales para deslindar eventuales responsabilidades.

La decisión de la Audiencia Provincial se fundamenta en que la intervención sobre los mensajes electrónicos de Gómez carecía de motivación jurídica suficiente en la resolución previa. El tribunal destacó que la obtención y análisis de este tipo de información supone una injerencia relevante en los derechos fundamentales y, por tanto, exige un examen específico de necesidad y proporcionalidad debidamente acreditado en el auto motivado. Así, la instancia provincial estableció la obligación de extremar el control judicial sobre las medidas cautelares y de investigación que impliquen el tratamiento de comunicaciones digitales, explicó Europa Press.

La documentación puesta a disposición de la autoridad judicial, que permanece bajo custodia, sólo podrá analizarse tras una nueva resolución que cumpla con los estándares procesales exigidos por la Audiencia. Esto implica que no se podrá realizar ninguna actuación sobre los mensajes electrónicos hasta que el instructor justifique en detalle los motivos legales y la proporcionalidad de la medida.

Las diligencias impulsadas en un inicio por el juez Peinado respondieron a solicitudes de las acusaciones populares, que consideraban “útil y pertinente” esclarecer si la esposa del presidente utilizó alguna cuenta institucional para realizar comunicaciones de interés para la causa. Dicha tesis fue asumida por el magistrado, que cursó la petición a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno y acordó el posterior análisis por parte de la UCO. Según informó Europa Press, ahora esta línea de investigación queda suspendida, a la espera de una nueva resolución judicial debidamente fundamentada.

La Audiencia de Madrid precisó que esta decisión no supone el cierre del expediente, sino la fijación de condiciones estrictas para la continuidad de la investigación sobre los correos electrónicos. Según el criterio de los jueces provinciales, el auto que autorice eventuales registros y análisis deberá acreditar expresamente cómo se respeta el principio de proporcionalidad y se justifica la necesidad de la medida, de acuerdo con Europa Press. El tribunal también rechazó otros aspectos impugnados por las partes y sólo dejó sin efecto los apartados relativos a las comunicaciones electrónicas.

Por el momento, las indagaciones sobre la presunta vinculación de Begoña Gómez con los hechos investigados continúan en la fase de diligencias previas, sin derivar en acusaciones formales. El control reforzado de la Audiencia Provincial establece un marco más restrictivo para cualquiera de las fases procesales en que se pretenda intervenir sobre las comunicaciones institucionales de la esposa del presidente. Toda actuación requerirá de un auto formal con justificación jurídica detallada, tal como establecieron los magistrados, según detalló Europa Press.