
La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha confirmado la absolución del exinspector jefe de Policía que relacionó la inmigración con la delincuencia al prevalecer la libertad de expresión.
Así se desprende de la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el tribunal desestima el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía, al que se adhirieron 'Cim Burkina' y 'València Acull', frente a la sentencia de la Audiencia que absolvió al exjefe de Policía.
De esta forma, el tribunal valenciano da por válidos los argumentos esgrimidos por la Audiencia en cuanto a que las manifestaciones del acusado se hicieron en el marco de su libertad de expresión y confirma la sentencia de instancia.
De hecho, el TSJCV indica en su resolución que las opiniones del acusado y sus juicios de valor, no siendo concordes en gran medida con los datos sociológicos y expresadas con poco respeto, "no es de una intensidad tal que tales opiniones no deban gozar de protección constitucional dado que tratan de un tema de relevancia pública y que afecta al conjunto de los ciudadanos, no alcanzándose el umbral de 'lo intolerable'".
"Cabe decir que --añade el tribunal--, dado el ámbito y los términos en que comunicó sus opiniones al respecto del tema de la relación entre delincuencia e inmigración ilegal, un castigo penal del acusado limitaría injustificadamente su libertad de expresión".
El acusado, Ricardo Ferris, fue absuelto por la Audiencia --y confirmado ahora por el TSJCV-- por sus manifestaciones en una charla que ofreció el 14 de octubre de 2022 en el Ateneo Mercantil de València, en el marco de una Jornada sobre Inmigración y Seguridad Ciudadana organizada por Fundación para la Defensa de la Nación Española y VOX Cortes Valencianas.
Durante la jornada, el acusado, defendido por Juan Carlos Navarro, emitió un discurso que fue grabado y, después, difundido por la red social Youtube. En el mismo afirmaba que "inmigración ilegal es igual a delincuencia" y apuntaba: "desgraciadamente, a día de hoy, nos guste o no nos guste, la práctica totalidad de los detenidos que hace la policía y la Guardia civil son extranjeros, son gente que viene de fuera, en el sentido un poco más amplio de la palabra".
Y apostillaba, entre otras afirmaciones: "No estoy hablando simplemente de estos tipos que llegan en las pateras, que muchos de ellos son delincuentes. Hace poco estaba hablando con dos policías míos que han estado en Frontex, una unidad que supuestamente está destinada al control de los tráficos de inmigración y los dos me han confirmado que es un paripé. No confiemos en Frontex porque no sirve absolutamente para nada".
El acusado, durante el juicio, reconoció las manifestaciones y aseguró que no era consciente de que era grabado ni sabía que se iba a difundir por Youtube. Mantuvo que acudió a la jornada a título personal, como delegado del sindicato policial Jupol, y afirmó que siempre había sido anti político. Justificó sus afirmaciones en estadísticas.
Explicó que no quiso decir que todos los extranjeros eran delincuentes, "pero delincuentes es igual a inmigración ilegal", mantuvo. También alegó que esa imagen de una persona racista era absolutamente incierta y que él se caracterizaba por lo contrario puesto que era un "activista social que ayudaba a la gente".
La Audiencia, tras la vista, decidió absolver al acusado al prevalecer la libertad de expresión. Al respecto, señalaba en su resolución que aunque en la charla se incluyeran hechos referidos a la cantidad de extranjeros que eran detenidos o que cometían ciertos delitos, "el contenido y la línea general del discurso se dirigía a valorar la gravedad de la delincuencia y su relación con la inmigración, y a emitir juicios de valor sobre lo que debería hacerse".
Así, la Audiencia entendía que prevalecía la expresión de ideas y opiniones sobre la mera transmisión de hechos, "que en este caso no son más que el sustento de la tesis del conferenciante". Aunque añadía: "Lo que no quiere decir que no deba valorarse la posible mendacidad cuando se detecta que ciertas afirmaciones no se corresponden con las estadísticas oficiales. Pero no desde el punto de vista de la libertad de información, sino desde los límites a la libertad de expresión". El TSJCV respalda ahora estos argumentos.
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