
La revisión judicial se centra en esclarecer si las omisiones en los informes oficiales y la discrepancia en el relato de los hechos durante el temporal del 29 de octubre de 2024 influyeron en la gestión de la emergencia que dejó 230 personas fallecidas en la provincia de Valencia. Las comunicaciones entre Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior, y José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del expresidente Carlos Mazón, resultan determinantes en la investigación liderada por la jueza en Catarroja, puesto que permiten desentrañar las decisiones adoptadas en las horas más críticas del evento. Según detalló Europa Press, la nueva comparecencia de Cuenca ante el juzgado respondió a la necesidad de contrastar su actuación con los mensajes aportados días antes por Pradas.
Tal como publicó Europa Press, el 5 de junio Pradas entregó a la instrucción mensajes que mantienen vigencia en la investigación, ya que ofrecen una cronología precisa sobre el flujo de información y el debate acerca de las acciones a implementar mientras la emergencia se agravaba. En la mañana de la declaración, Cuenca ingresó al juzgado a las 9:20, diez minutos antes de lo programado, sin realizar comentarios ante los medios, mientras en el juzgado se daba prioridad al análisis de las omisiones y contradicciones presentes en versiones anteriores.
Las conversaciones revisadas por la justicia revelan cómo Pradas alertó a Cuenca de la evolución negativa del temporal desde temprano en la tarde, reflejando su inquietud con mensajes como “La cosa se complica” a las 14:25. El foco del intercambio giró en torno a la conveniencia de confinar a la población, un dilema marcado por la gravedad del desastre y por la disparidad de criterios en la cúpula directiva. Ya al producirse el primer fallecimiento en Utiel, Pradas comunicó el hecho a Cuenca a las 16:28, un dato que él omitió en su primera comparecencia ante la jueza y que, según Europa Press, motivó la reapertura de su declaración.
A continuación, Cuenca transmitió una instrucción de Mazón para realizar una visita al centro de emergencias 112 a las 19:00, pero no comunicó el deceso reportado. De acuerdo con Europa Press, la falta de mención sobre la víctima y la decisión de informar únicamente la instrucción operativa, constituyen aspectos centrales en la pesquisa orientada a determinar por qué ciertas informaciones no llegaron de forma inmediata a otros ámbitos de la administración.
La discusión sobre el confinamiento se intensificó a partir de las 19:58, momento en que Cuenca rechazó la propuesta de Pradas indicando: “Salo. De confinar nada por favor. Calma”, mientras que Pradas respondía: “Está la cosa muy muy mal”. La tensión del intercambio creció a medida que Pradas insistió en la gravedad de los acontecimientos y el alcance del desastre, incluyendo manifestaciones sobre “desbordamientos por toda la provincia”. Esto llevó a profundizar el debate sobre la idoneidad de las restricciones, discutiendo si estas debían limitarse a comarcas especialmente afectadas, como Ribera Alta o La Costera, o, por el contrario, extenderse a todo el territorio.
En ese contexto, Pradas señaló que quedaban “pocas” zonas fuera de peligro e instó a reforzar la comunicación de mensajes de precaución, mientras que Cuenca insistió en evitar restricciones generalizadas: “Pero confinar una provincia es una barbaridad. Una cosa es zonificar. Comarcas. Ribera Alta. Costera. En fin. Pero no toda la provincia”, según recogen los mensajes examinados por la instrucción y divulgados por Europa Press.
La secuencia de mensajes evidencia que Pradas planteó la aplicación de la ley de emergencia, admitida tras la activación del sistema Es-Alert, lo que habría permitido restringir la movilidad en las áreas más comprometidas. Cuenca, de nuevo, desestimó esa opción con un mensaje en valenciano: “Llévate açó del cap per favor --quítate eso de la cabeza--. Tranquila, ché”. El medio Europa Press precisó que la transcripción de estos diálogos forma parte central del material analizado por la magistrada, ya que el contenido permite dilucidar hasta dónde se sostuvo una coordinación eficiente entre los altos cargos y qué motivó las lagunas informativas reflejadas en los informes judiciales.
La investigación abierta en Catarroja avanza sobre varios ejes: el funcionamiento real de los protocolos de emergencia, la forma en que circularon las órdenes internas, el papel de los máximos responsables en la gestión operativa y la transparencia en la transmisión de datos relevantes sobre las víctimas y afectaciones del temporal. El tribunal examina si las distintas versiones ofrecidas por los funcionarios, así como los contenidos de los mensajes intercambiados, pueden atribuirse a decisiones conscientes, errores humanos o carencias en la estructura institucional, detalló Europa Press.
La instrucción desarrollada en el juzgado busca delimitar hasta qué punto los altos cargos cumplieron sus funciones en relación con la magnitud de la catástrofe y los requerimientos de la ciudadanía que se vieron afectados por la dana. El evento meteorológico superó los dispositivos de respuesta habituales y subrayó necesidades de coordinación interinstitucional tanto a nivel autonómico como estatal, situación que se reflejó en los mensajes donde se discutieron posibles transferencias de competencias y la pertinencia de medidas excepcionales.
Mientras el proceso judicial permanece abierto, la recopilación y análisis de documentación y comunicaciones mantiene el foco en la posible existencia de responsabilidades individuales o colectivas. Europa Press destacó que las diferencias entre los criterios de Pradas y Cuenca, la oportunidad de las decisiones y el recorrido de la información en la estructura organizativa resultan claves para interpretar la efectividad o insuficiencia en la gestión del desastre. Estas indagaciones pretenden aclarar la secuencia de hechos y las razones detrás de cada elección tomada en las horas y días posteriores a aquel 29 de octubre de 2024.

