El empresario Juan Carlos Barrabés defiende en el Senado haber actuado con "absoluta regularidad" en sus empresas

En la fase central de su intervención ante la comisión del Senado, Juan Carlos Barrabés entregó registros empresariales que documentan la separación entre las áreas encargadas de la gestión, validación y verificación de los proyectos financiados con fondos europeos en sus compañías, con el fin de demostrar la trazabilidad y el control administrativo de cada euro gestionado. De acuerdo con la información publicada por el medio original, estos documentos también incluyen detalles de la colaboración de sus empresas con la Universidad Complutense de Madrid y entidades relacionadas con el Palacio de La Moncloa, en el contexto de la gestión de ayudas públicas destinadas a la innovación tecnológica y sujetas a investigación dentro de la denominada Operación Delorme.

Según detalló el medio, la comparecencia del empresario se centró en la presentación de pruebas documentales ante los senadores, con las que buscó acreditar la transparencia en el funcionamiento de sus sociedades. Barrabés remarcó que todos los convenios, registros contables y documentación relativa a los proyectos han sido puestos a disposición de las autoridades judiciales y de la Fiscalía Europea. Tales medidas se enmarcan dentro de las acciones impulsadas para esclarecer si existieron irregularidades en la gestión de fondos dirigidos al sector innovador español, conforme investiga la Operación Delorme.

Durante la sesión, Barrabés insistió ante los legisladores en que sus compañías actuaron siempre “con absoluta regularidad”. Negó la existencia de cualquier vinculación, tanto personal como de sus empresas, con las anomalías que serán objeto de investigación judicial. Tal como difundió el medio, la declaración pública incluyó la defensa de la independencia operacional de sus empresas respecto a influencias de actores políticos. Ante preguntas directas sobre la posible implicación de altos cargos, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la elaboración o gestión de programas europeos de ayudas, Barrabés rechazó la existencia de cualquier intervención de autoridades políticas en los procesos empresariales. Respaldó esta posición con documentación entregada ese mismo día a la comisión, que muestra la autonomía administrativa en sus decisiones y actuaciones.

El medio informó que, en respuesta a las inquietudes de los senadores sobre los sistemas internos de control, Barrabés describió el funcionamiento de un modelo organizativo que segmenta las funciones de gestión, validación y verificación, a fin de excluir la influencia de factores políticos o externos en los procedimientos administrativos y financieros. Además, el empresario explicó que la estructura corporativa establece procesos documentados para monitorizar el destino de los fondos y garantiza el almacenamiento integral de archivos sobre interacciones, reuniones y acuerdos con terceros.

Durante la comisión, se debatió acerca del cumplimiento puntual de los plazos y requisitos legales por parte del grupo empresarial de Barrabés. Según reportó el medio original, la empresa proporcionó informes, contratos y documentación justificativa que permiten a las autoridades auditar en detalle todos los proyectos vinculados a fondos europeos. Al respecto, Barrabés defendió que, hasta la fecha, su organización ha cumplido satisfactoriamente las obligaciones de transparencia solicitadas tanto por órganos nacionales como europeos, y afirmó que toda la información permanece accesible para auditorías o requerimientos de los entes de control correspondientes.

El intercambio de preguntas incluyó la revisión de los marcos normativos en vigor para prevenir desvíos o usos indebidos de recursos públicos europeos. El medio original consignó que se consideraron propuestas para mejorar los procedimientos de control y justificación, con el objetivo de optimizar la rendición de cuentas y facilitar la detección temprana de posibles irregularidades. Algunas de las alternativas exponían la necesidad de reforzar la colaboración entre universidades, empresas del sector tecnológico y organismos públicos responsables de la fiscalización, con el fin de asegurar una administración más eficiente y transparente de los fondos comunitarios.

En el transcurso de la comparecencia, se abordó también la posibilidad de adaptar modelos de control utilizados en otros países que, según los legisladores, podrían aportar soluciones para aumentar la transparencia y fortalecer las auditorías en España. El debate examinó igualmente la pertinencia de ajustar la normativa para identificar irregularidades en etapas iniciales, lo que permitiría incrementar la responsabilidad y supervisión ante organismos tanto nacionales como europeos.

Barrabés evitó pronunciarse sobre las partes del sumario de la Operación Delorme sujetas a secreto, sosteniendo, de acuerdo con el medio original, que su prioridad es preservar los derechos procesales de todas las personas involucradas en la causa. En cuanto a la colaboración institucional, el empresario aseguró que sus empresas cumplen con los estándares y normativas vigentes en la Unión Europea y España, y continúan atendiendo los requerimientos judiciales y de la Fiscalía Europea. La Operación Delorme sigue bajo la dirección de los tribunales, de la Fiscalía y de la comisión parlamentaria, cuyo propósito consiste en determinar el grado de cumplimiento de la legalidad, así como los niveles de eficiencia y transparencia en el uso de los recursos asignados.

El medio destacó que Barrabés concluyó reiterando su disposición a colaborar hasta la finalización de todas las auditorías y controles pendientes. Expresó ante la comisión que su grupo seguirá entregando cualquier documentación solicitada e insistió en que todas las operaciones que administra se ajustan a la legalidad nacional y comunitaria en materia de fondos públicos dedicados a la innovación tecnológica.