Las medidas para deudores hipotecarios vulnerables ya sólo serán voluntarias para bancos

El Ministerio de Economía ha anunciado que las entidades financieras decidirán si aplican iniciativas para personas con dificultades con sus créditos inmobiliarios, tras la reducción del uso de estas ayudas y el cambio de tendencia en los tipos de interés

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El Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios, instaurado en 2012, alcanzará en 2025 su décimo cuarto año de vigencia. Según detalló EFECOM, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, informó que a partir del próximo año la utilización de este instrumento para familias en situación vulnerable dejará de ser una obligación para los bancos y pasará a regirse por la voluntariedad de cada entidad financiera. El cambio responde tanto a una disminución notable del uso de estas ayudas por parte de los afectados como al giro a la baja registrado recientemente en los tipos de interés.

De acuerdo con la información difundida por EFECOM, Carlos Cuerpo anunció la modificación tras su participación en una reunión del grupo de trabajo de inclusión financiera, en la que tomaron parte representantes de asociaciones de banca, colectivos de usuarios, personas mayores y organizaciones vinculadas a la discapacidad. El ministro destacó que las entidades bancarias podrán acogerse de forma voluntaria al Código de Buenas Prácticas por un año adicional, hasta el vencimiento previsto al cierre de 2025. Además, agradeció a las entidades la moratoria que permitieron para aliviar la carga económica de numerosas familias durante el anterior periodo de endurecimiento de las condiciones crediticias debido al incremento de los tipos de interés en 2022.

El Código de Buenas Prácticas fue inicialmente establecido mediante un real decreto-ley en el año 2012, con el objetivo de ofrecer a los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad alternativas para la reestructuración de sus obligaciones y evitar procesos de ejecución hipotecaria. Según consignó el medio EFECOM, la baja utilización por parte de las familias y la reversión en la evolución de los tipos de interés motivaron que la adhesión a estas medidas pase a depender de la decisión de cada banco.

La información recabada por EFECOM indica que entre 2022 y 2025 un total de 7.747 hogares se beneficiaron del Código, aunque solamente 733 lo hicieron en 2025. Estos datos reflejan una reducción pronunciada en el número de familias que han recurrido a moratorias en el pago de sus hipotecas en el último año. El titular de Economía subrayó que esta tendencia descendente muestra la menor necesidad de moratorias entre los deudores hipotecarios vulnerables.

EFECOM señaló que el Ministerio de Economía, pese al descenso en la utilización de las medidas, fomenta que las entidades mantengan abierta la posibilidad de continuar aplicando el Código de Buenas Prácticas de manera voluntaria, en caso de que surjan familias que requieran este respaldo durante el año 2026. El ministro insistió en la conveniencia de mantener la herramienta disponible ante eventuales necesidades futuras de la población.

Las entidades financieras, por tanto, tendrán libertad para decidir si continúan brindando la opción de reestructuración de deuda y moratorias a quienes enfrenten dificultades para cumplir con el pago de sus créditos hipotecarios, según informó EFECOM. Desde la introducción del Código en 2012, las medidas han buscado contener el impacto de crisis económicas y cambios en el mercado inmobiliario sobre los hogares vulnerables.

El anuncio del Ministerio de Economía supone un nuevo marco de actuación para bancos y clientes, por lo que la población interesada deberá informarse sobre la continuidad o modificación de estas políticas en su entidad de referencia. EFECOM ha resaltado la relevancia del papel de los agentes sociales y de los colectivos de usuarios en la negociación de estas iniciativas, participando en los debates sobre su pertinencia y alcance.

Así, la extensión voluntaria del Código de Buenas Prácticas a partir de 2025 establece una transición respecto a años anteriores, en los que la aplicación de las medidas había sido obligatoria para los bancos con el fin de proteger a los deudores más expuestos a dificultades económicas. La evolución del contexto financiero y el descenso en la demanda de protección han impulsado la decisión anunciada por el Ministerio de Economía y detallada por el medio EFECOM.