Irene Montero cree que el PSOE y Pedro Sánchez han intentado proteger a Salazar hasta que ha salido el escándalo

Irene Montero, secretaria política de Podemos, recordó que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que el feminismo encuentra resistencia incluso en los niveles más altos de la administración. A partir de este antecedente, Montero señaló una actitud cambiante por parte del Ejecutivo ante casos de acoso dentro de la estructura estatal, considerando que la respuesta institucional depende, en muchas ocasiones, de la presión social o mediática. Esta perspectiva fue expresada durante una entrevista en el programa ‘En boca de todos’ de la cadena ‘Cuatro’, donde la dirigente abordó el manejo de las denuncias internas contra Francisco Salazar, ex alto cargo de Moncloa, según informó Europa Press.

Durante este diálogo televisivo, Montero acusó tanto a miembros del PSOE como al presidente Pedro Sánchez de haber intentado proteger a Salazar hasta que el escándalo se hizo público. Según publicó Europa Press, las primeras denuncias internas fueron presentadas por trabajadoras de Moncloa en junio, sin que se aplicara el protocolo de actuación previsto hasta que la situación fue difundida por los principales medios informativos. “Yo creo que lo que está demostrando con este caso es que sí, han intentado protegerle hasta que ha salido el escándalo mediático y han intentado no aplicar el protocolo”, declaró Montero, según consignó Europa Press.

La eurodiputada definió el feminismo del PSOE como “un pin de quita y pon”, aludiendo a una postura variable del partido en el poder respecto a la defensa de los derechos de las víctimas en función de la exposición pública del caso. Montero sostuvo durante la entrevista que el Gobierno tiende a limitar la aplicación de los principios feministas cuando estos deben implementarse en su propia estructura y órganos de poder, una visión que, de acuerdo con Europa Press, representa una crítica directa al compromiso institucional frente a denuncias internas.

Montero también enfatizó que este tipo de omisiones no se restringe a la estructura gubernamental. Según declaró la dirigente de Podemos, “la mayoría de los agresores agreden sin recibir sanciones mínimas por parte de su entorno”, extendiendo la crítica al funcionamiento de los códigos internos tanto en colectivos sociales como en entornos institucionales. A juicio de Montero, reflejado por lo publicado por Europa Press, esta dinámica señala la persistencia de un problema estructural relacionado con la impunidad ante casos de acoso, incluso en ámbitos donde deberían existir mecanismos de control y sanción efectivos.

De acuerdo con Europa Press, Montero remarcó que la actuación del Gobierno frente a situaciones de acoso sexual o violencia de género dentro de sus propias filas muestra un compromiso intermitente, condicionado por el grado de movilización social y el impacto del caso en la opinión pública. Según las declaraciones recogidas, la dirigente de la formación morada opinó que solo el aumento de la presión mediática forzó la respuesta institucional, evidenciando la falta de medidas proactivas y el retraso en la aplicación de los protocolos establecidos.

El debate generado por las declaraciones de Montero tiene lugar en un contexto marcado por un aumento de las demandas sociales a favor de la igualdad de género y la exigencia de respuestas eficaces ante denuncias de acoso en el sector público. Europa Press detalló que, en opinión de la secretaria política de Podemos, el caso Salazar pone en evidencia la insuficiencia de las respuestas institucionales y la necesidad de un compromiso más firme y uniforme por parte del gobierno y los partidos ante este tipo de situaciones.

Según reportó Europa Press, Montero sostuvo que la actitud mostrada en el caso Salazar revela carencias en el diseño y aplicación de medidas concretas para la protección de las víctimas, así como en la voluntad de las estructuras de poder para reconocer y atender el problema más allá de la coyuntura mediática. Las opiniones de la eurodiputada se dan en medio de un clima de creciente escrutinio público respecto a la gestión de las denuncias de acoso en las instituciones gubernamentales y el cumplimiento real de los compromisos asumidos en materia de igualdad y feminismo.

Las respuestas institucionales, según Montero, exhiben una tendencia a retrasarse hasta que la presión social es ineludible, lo que lleva a una percepción de insuficiencia en la protección de los derechos de quienes denuncian acoso. Europa Press recogió que la secretaria política de Podemos insistió en que esta dinámica refuerza la idea de que ciertos comportamientos encuentran tolerancia o encubrimiento, especialmente en los llamados entornos de poder, perpetuando así la falta de sanciones y la vulnerabilidad de las víctimas.

Las declaraciones de Montero, según publicó Europa Press, reavivan el debate sobre la eficacia de los protocolos existentes contra el acoso sexual en el ámbito público y la congruencia de los poderes del Estado a la hora de responder a las reclamaciones sociales vinculadas con la igualdad de género. Este contexto provoca cuestionamientos sobre el alcance real de las estrategias institucionales y el papel de los liderazgos políticos en la defensa de los derechos fundamentales de las trabajadoras públicas.