Familias piden busca y captura para dos exaltos cargos de Ayuso por no acudir a citaciones sobre residencias en pandemia

Martínez Peromingo, quien fue director general tras la salida de Carlos Mur, relató ante el tribunal que su participación en el diseño del Protocolo de Coordinación Sociosanitaria para residencias durante la primera ola de la COVID-19 solo consistió en la revisión de varios borradores, precisando que la elaboración definitiva recayó exclusivamente en Carlos Mur. Esta declaración formó parte de una sesión judicial en el marco de una investigación detenida desde hace meses sobre muertes en residencias de mayores de la Comunidad de Madrid durante 2020. Según detalló el medio que provee la información, la ausencia de comparecencia de Mur y Pablo Busca, ambos ex altos cargos responsables del sector sociosanitario madrileño, impidió el avance de la causa y generó que la Asociación Verdad y Justicia solicitara formalmente su localización inmediata para reactivar el procedimiento penal.

De acuerdo con el mismo medio, la abogada Alejandra Jacinta informó que las notificaciones judiciales destinadas a Mur y Busca no pudieron ser entregadas a pesar de los reiterados intentos de los funcionarios del juzgado. Las dificultades para hacer llegar las citaciones judiciales a ambos investigados incrementaron la preocupación de las familias de las víctimas y de la Asociación Verdad y Justicia, quienes advirtieron sobre el riesgo de que la falta de colaboración de los exresponsables impida establecer si existieron responsabilidades administrativas o políticas en las decisiones que determinaron la gestión sanitaria en los centros de mayores durante la pandemia.

Según publicó el medio, la causa central de la sesión corresponde al fallecimiento del padre de Ángela Armingol, residente en el centro Amavir Valdebernardo, y se integra dentro de una investigación más amplia abierta al conjunto de muertes registradas en residencias de mayores madrileñas desde marzo hasta junio de 2020. Durante la audiencia, también prestó declaración el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón, quien destacó que en su experiencia profesional nunca tuvo conocimiento de la existencia de protocolos excluyentes que establecieran restricciones en el acceso hospitalario de los residentes. El médico explicó que sus decisiones se fundamentaban en evaluaciones individuales de los pacientes y, en el caso relacionado con el proceso judicial, indicó que el residente fallecido no fue trasladado al hospital, aunque no pudo precisar los detalles técnicos de la situación clínica.

El medio informó que Martínez Peromingo rechazó haber participado en el desarrollo de la estrategia general que dirigió la actuación en las residencias durante la emergencia sanitaria, señalando además la insuficiencia de recursos médicos como una de las principales limitaciones de su gestión. Los familiares de víctimas y la Asociación Verdad y Justicia reiteraron, en declaraciones recogidas por el medio, que la permanencia de los principales investigados fuera del alcance de la justicia bloquea la instrucción del caso y dificulta la determinación de la cadena de toma de decisiones y las posibles responsabilidades jurídicas o políticas.

A raíz de la incomparecencia de Mur y Busca, la Asociación Verdad y Justicia solicitó al juzgado la activación de una orden formal de busca y captura, con el propósito de garantizar su comparecencia y desbloquear el avance del proceso. Según consignó el medio, el procedimiento judicial transita por una etapa de dilaciones provocadas tanto por la dificultad para localizar a los ex altos cargos como por la competencia entre diferentes órganos jurisdiccionales madrileños, lo que ha resultado en retrasos significativos en la instrucción de las causas abiertas por muertes en residencias. Además, la Audiencia Provincial de Madrid debe pronunciarse sobre la posible acumulación de varias investigaciones en curso bajo el control del Juzgado de Instrucción número 3.

La hija del residente fallecido, Ángela Armingol, expresó ante la prensa, según reportó el medio, su frustración por la demora en el acceso a la justicia, señalando que la espera se prolonga ya durante seis años. Declaró que su reclamo representa la demanda colectiva de muchas familias que perdieron a sus seres queridos en condiciones de abandono durante la emergencia sanitaria y denunció la falta de cooperación de los principales responsables.

La información publicada destacó que la audiencia tenía especial relevancia, ya que la presencia de todos los citados resultaba fundamental para reconstruir la toma de decisiones y dilucidar las eventuales implicaciones en los hechos investigados. Tanto la representación letrada de las familias como los portavoces de la Asociación Verdad y Justicia remarcaron que quienes ocuparon posiciones directivas deben responder ante el tribunal dada la importancia social e institucional del caso.

El medio también informó que una nueva vista judicial estaba prevista para el día siguiente en Collado Villalba, en la que Mur, Busca y Martínez Peromingo están llamados a comparecer nuevamente en una causa paralela vinculada al manejo de las residencias y a la presunta aplicación de los protocolos de acceso hospitalario durante la crisis de 2020. Estas comparecencias buscan esclarecer los niveles de participación y las posibles omisiones en una situación que desembocó en miles de muertes de residentes en centros madrileños.

Según detalló la acusación particular y recogió el medio, el reiterado desinterés de Mur y Busca en atender las citaciones obligó a solicitar medidas excepcionales, como la orden de busca y captura, para evitar nuevos bloqueos en el proceso de instrucción judicial. El órgano judicial deberá decidir si aprueba medidas urgentes con tal de garantizar la presencia de los principales investigados, a los que la acusación atribuye un papel relevante en la toma de decisiones que habrían limitado el acceso sanitario de los residentes de centros de mayores durante la pandemia.

El artículo del medio indicó que la prolongada demora en el desarrollo del caso ha generado una sensación generalizada de frustración tanto en las familias afectadas como en las organizaciones dedicadas a la investigación, dada la magnitud de los decesos y la relevancia pública de las políticas adoptadas en el sector bajo la responsabilidad de la Comunidad de Madrid. Las actuaciones judiciales y el esclarecimiento de los hechos continúan pendientes de la localización de los exresponsables señalados por la acusación y de la resolución judicial respecto a la implementación de medidas que permitan el avance efectivo de la investigación.