La Asociación Verdad y Justicia solicitará al juez de Instrucción número 23 de Madrid que dicte de forma inmediata una orden de busca y captura contra los exaltos cargos de la Comunidad de Madrid Carlos Mur y Pablo Busca después de no hayan acudido a su citación como investigados en una de las causas por el caso de las residencias.
La citación se encuadra en uno de los procedimientos judiciales que investiga la Justicia por la presunta denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a mayores en residencias durante la primera ola de la pandemia a raíz de una querella de una familia.
Esta mañana debían comparecer Carlos Mur, firmante del protocolo y entonces director general de Coordinación Sociosanitaria; Francisco Javier Martínez Peromingo, considerado ideólogo del mismo y sucesor de Mur en el mismo cargo; y Pablo Busca Ostalaza, máximo responsable del SUMMA 112 durante la pandemia.
La declaración formaba parte de una jornada clave para reactivar la instrucción paralizada durante meses por conflictos competenciales entre varios juzgados madrileños. Varios jueces se inhibieron de sus causas a favor del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid con la finalidad de unir los mismos hechos en una macrocausa, pero el magistrado rechazó la solicitud y ahora está en manos de la Audiencia Provincial de Madrid.
La causa investigada corresponde al fallecimiento del padre de Ángela Armingol en la residencia Amavir Valdebernardo, uno de los casos vinculados al llamado Protocolo de Coordinación Sociosanitaria, cuya aplicación es objeto de investigación judicial.
Los únicos en prestar declaración han sido Francisco Javier Martínez Peromingo y el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón. Antes la ausencia de los otros, la letrada Alejandra Jacinta ha anunciado que solicitará que se ordene su busca y captura.
La abogada ha explicado a los medios que los funcionarios habrían intentado citar a ambos investigados "en tres o cuatro ocasiones" sin éxito. "El juzgado afirma que no ha sido posible localizarlos. No podemos entender cómo estas personas pueden seguir eludiendo la acción de la justicia", ha señalado, calificando la situación como una "burla" para el dolor de las víctimas y para el propio procedimiento.
Mañana están citados otra vez los tres mismos investigados en otra de las causas que se instruyen en los juzgados de Collado Villalba.
PROTOCOLOS "DISCRIMINATORIOS"
Durante su comparecencia, Martínez Peromingo habría reconocido que los protocolos remitidos a los geriatras eran "discriminatorios" y que él mismo lo advirtió en varias ocasiones por escrito a Carlos Mur, entonces responsable del área.
Asimismo, ha señalado que su participación se limitó a revisar borradores y que la elaboración de los documentos partió de Mur, indicando además que las residencias no estaban medicalizadas. Niega haber participado en idear esa estrategia de protocolos.
"Queremos que todas las personas declaren para ver qué responsabilidades hay. Es evidente que una persona como director general toma esas decisiones no por si solo. Puede tirar de la manta pero tiene que dejar de eludir la acción de la Justicia", ha aseverado la abogada al respecto.
CRITERIOS CLÍNICOS
Por su parte, el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón ha declarado que no tuvo constancia de ningún protocolo de exclusión hospitalaria y que únicamente aplicó criterios clínicos propios durante la pandemia. Admitió además que el paciente de este caso no fue derivado al hospital, aunque no pudo precisar detalles de diagnóstico.
Tras las declaraciones, la hija del residente fallecido ha lamentado la ausencia de los dos exaltos cargos y ha reivindicado la necesidad de esclarecer responsabilidades políticas y administrativas.
"Llevamos casi seis años esperando justicia. Esto no es solo por mi padre, sino por miles de personas que murieron en abandono", declaró a la salida de los juzgados.
Para la acusación, la no comparecencia de Mur justifica la petición inmediata de órdenes de búsqueda y captura, una decisión que ahora deberá valorar el juzgado instructor.
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