Tribunal de Cuentas presenta mañana sus informes sobre elecciones europeas y generales, con avisos a Vox, Junts y Alvise

La devolución por parte de Junts per Catalunya de más de 260.000 euros en subvenciones estatales, tras entregar la documentación de su gasto electoral fuera de plazo, refuerza el debate sobre los distintos niveles de control que existen sobre los recursos empleados en campañas políticas. En este contexto, el Tribunal de Cuentas tiene previsto presentar este martes los informes relativos a las últimas elecciones generales y europeas, en los que incluye advertencias concretas dirigidas a Vox, Junts y la agrupación encabezada por Alvise Pérez. Según reportó Europa Press, estos análisis denuncian la falta de controles homogéneos sobre los fondos utilizados en actividades electorales y alertan sobre los riesgos de opacidad derivados del actual marco normativo.

De acuerdo con Europa Press, el Tribunal de Cuentas señala que la legislación española vigente contiene una deficiencia normativa, ya que deja fuera del escrutinio financiero a asociaciones y fundaciones vinculadas a partidos políticos, siempre que su financiación provenga únicamente de fondos privados o de créditos del extranjero. Esta excepción provoca que, mientras los partidos que reciben subvenciones públicas deben justificar y documentar sus gastos electorales bajo parámetros estrictos, las organizaciones que solo usan capital privado no enfrentan los mismos controles. El Tribunal puntualiza, según la información recogida por Europa Press, que esta disparidad legal impide valorar la gestión de fondos electorales bajo criterios comunes y limita la capacidad institucional para ejercer una fiscalización efectiva sobre todas las formaciones políticas.

La última fiscalización del Tribunal de Cuentas, informó Europa Press, ha resultado en la imposición de sanciones económicas a varios partidos por deficiencias en la justificación de sus gastos de campaña. En este grupo figuran el PSOE, Sumar, PSC, Partido Socialista Democrático y Unión del Pueblo Navarro. Las multas notificadas superan un total de 208.000 euros, con penalizaciones individuales que se sitúan entre los 50 y los 11.000 euros. Además, los partidos sancionados quedarán excluidos de futuras ayudas estatales mientras persistan los incumplimientos documentales o financieros detectados en sus ejercicios anteriores.

Por lo que respecta a la regulación sobre donaciones, el Tribunal reitera, según publica Europa Press, la prohibición en vigor de recibir fondos directos de personas físicas o jurídicas extranjeras. Sin embargo, la normativa actual sí permite a los partidos políticos acceder a créditos internacionales, circunstancia que ha sido utilizada, concretamente, por Vox. El partido obtuvo un préstamo de siete millones de euros del MBH Bank Nyrt, con sede en Hungría, para financiar la campaña de las elecciones europeas de 2024. En las generales de 2023, Vox accedió a un crédito de 6,5 millones de euros: destinó 405.000 euros a la campaña europea y empleó el resto en actividades internas de la organización. Europa Press explica que este tipo de operación evidencia cómo los partidos pueden obtener recursos del extranjero sorteando la limitación establecida para donaciones internacionales, lo que reduce la transparencia y amplía la posibilidad de financiación transfronteriza.

El Tribunal de Cuentas ha profundizado también en el análisis de la Fundación Disenso, una entidad vinculada a Vox que opera, según documentación recogida y citada por Europa Press, exclusivamente con fondos privados y créditos internacionales. Esta estructura, amparada por la legislación vigente, exime a la fundación de las exigencias de transparencia y justificación financiera impuestas a los partidos que gestionan dinero público. Según Europa Press, este vacío legal permite la creación de canales alternativos de financiación desde el sector privado o internacional que dificultan la supervisión pública sobre el origen y el destino de los recursos empleados en actividades políticas, lo que incrementa la complejidad de la fiscalización e impide la identificación de posibles irregularidades.

La diferencia normativa entre la supervisión de partidos con recursos públicos y entidades financiadas solamente mediante fondos privados, según consigna Europa Press, refuerza la desigualdad de condiciones en materia de transparencia y control. El informe del Tribunal de Cuentas indica que los modelos de fiscalización diferenciados implican riesgos de opacidad y pueden facilitar prácticas irregulares, afectando la confianza de la sociedad en la transparencia de los procesos electorales. En este sentido, el documento señala que los controles insuficientes limitan la prevención, localización y subsanación de posibles desviaciones o irregularidades financieras.

Para hacer frente a estas carencias, la institución propone —según destaca Europa Press— reformar el marco legal. El Tribunal recomienda eliminar las exenciones vigentes para asociaciones y fundaciones políticas en materia de control fiscalizador. En la misma línea, aboga por el desarrollo y la implantación de plataformas digitales automatizadas que permitan monitorizar en tiempo real los ingresos y gastos de todas las formaciones políticas, sin distinción del origen de sus fondos. Se resalta como ejemplo la experiencia en Extremadura, donde la digitalización del proceso ha posibilitado el bloqueo inmediato de operaciones sospechosas y ha dado lugar a una mejora en la función preventiva de los sistemas de control.

La intención del Tribunal, reportó Europa Press, es sustituir los procedimientos tradicionales —considerados insuficientes frente al contexto actual de la financiación política— por metodologías tecnológicamente avanzadas que refuercen la capacidad de supervisión. En el marco de la elaboración de este informe, el PSOE trasladó su respaldo a la modernización de la legislación, manifestando ante el órgano fiscalizador la necesidad de actualizar el sistema y establecer un proceso unificado de supervisión financiera basado en el origen de los recursos, sean públicos o privados, afirmó Europa Press.

Según el informe, la carencia de una normativa adaptada y de herramientas tecnológicas vigentes constriñe la posibilidad de obtener información completa y fiable respecto a los flujos económicos destinados a campañas políticas. La persistencia de esta situación prolonga las dificultades para la identificación de movimientos de capital entre partidos y otras organizaciones, limita la capacidad de los organismos de control para investigar de forma eficaz las transferencias internacionales y contribuye a que el seguimiento de la financiación en periodos electorales se mantenga como una asignatura pendiente dentro del panorama político español, especialmente ante el avance de métodos privados o transfronterizos de captación de recursos, tal como subrayó Europa Press.