El TS envía a Ábalos y Koldo a prisión por riesgo "extremo" de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo López, ha determinado que la posibilidad de fuga por parte de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, y de su antiguo asesor, Koldo García, resulta "extrema" debido a la inminencia del juicio en su contra por supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para la adquisición de material sanitario durante la emergencia sanitaria. Según informó el medio, este riesgo elevado ha motivado que ambos ingresen en prisión preventiva sin derecho a fianza, después de la revisión de las medidas cautelares que se venían aplicando. Este auto marca el primer caso en el que un diputado nacional en activo es enviado a prisión provisional en el país.

De acuerdo con la información publicada por el medio, Ábalos y García afrontan penas solicitadas de hasta 30 años de cárcel, por delitos que incluyen pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. El Ministerio Público solicita además una multa de unos 3,9 millones de euros. Las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular, han reclamado la prisión de ambos argumentando que, frente a la severidad de las penas que podrían imponerse, las medidas de prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente en sede judicial resultan insuficientes para evitar la fuga.

Ábalos, que llegó al Tribunal Supremo cerca de las 9:12 de la mañana, compareció solo y portando una mochila de cuero marrón. Según consignó el medio, durante la comparecencia negó cualquier intención de huir, afirmando: “No tengo dinero ni a dónde ir”. Diversas fuentes consultadas indicaron que el exministro presentó un estado de ánimo afectado. A lo largo de las horas previas a la resolución, Ábalos fue visto en los patios del tribunal, visiblemente nervioso mientras fumaba, según detalló el medio.

La defensa de Ábalos, a cargo del abogado Carlos Bautista, insistió en que la prisión provisional vulneraría los derechos políticos de su cliente en tanto diputado en activo. Argumentó ante el magistrado que la privación de libertad previa al juicio y sin condena constituiría una presión indebida con el propósito de forzarle a colaborar con la investigación judicial, como sí hizo anteriormente el empresario Víctor de Aldama tras semanas en prisión preventiva.

Por su parte, Koldo García se presentó en el tribunal vestido de modo informal y acudió con su abogada, Leticia de la Hoz. La defensa de García esgrimió ante el juez que existen suficientes razones para descartar un intento de fuga, entre ellas su arraigo familiar, mencionando a su madre de edad avanzada y a una hija menor de edad. García intervino personalmente proclamando: “No me voy a ir a ningún sitio”. Agregó además: “Todos tenemos derecho a aprender poco a poco”, expresión interpretada por asistentes en la sala como un reconocimiento de errores pasados.

El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, sostuvo una posición firme durante las sesiones de revisión de medidas, especialmente respecto a Ábalos. El medio publicó que Luzón expresó que la pertenencia al gobierno habría posibilitado la comisión de los delitos, pero remarcó que: “Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal”. Añadió que la Justicia “se representa con una venda en los ojos”, para subrayar que ni el cargo público ni la posición institucional otorgan privilegios para evitar la responsabilidad judicial.

Según relató el medio, la decisión del Supremo se fundamentó en la evaluación de indicios que apuntan a la posible comisión de graves delitos y a la convicción de que el riesgo de fuga se ha incrementado considerablemente ante la proximidad de la vista oral. El juez instructor consideró que mantener únicamente las anteriores medidas cautelares no resulta adecuado ante las nuevas circunstancias procesales.

El proceso judicial se encuentra cerca de transformar la situación de Ábalos y García en acusados formales, tras la propuesta de enjuiciamiento elevada en noviembre. Además de Ábalos y García, la acusación involucra al empresario Víctor de Aldama, vinculado a la mercantil Soluciones de Gestión, entidad que recibió contratos para la compra de material sanitario durante la crisis del Covid-19. Fiscalía y acusaciones consideran que la adjudicación de estos contratos habría implicado el pago de comisiones ilícitas.

La acusación pública solicita condenas de veinticuatro años de prisión para Ábalos y diecinueve años y medio para García, mientras que las acusaciones populares reclaman treinta años para cada uno, al agregar los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial a los cargos atribuidos por la Fiscalía. Las mismas fuentes detallaron que en el caso de Aldama se solicita una pena de siete años, considerando atenuada la petición por su cooperación durante la instrucción, que habría contribuido al esclarecimiento de la presunta trama.

Tal como reportó el medio, el juez comunicó la resolución sobre Ábalos a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, como exige la normativa vigente en casos que afectan a parlamentarios. De esta forma, el Supremo ha dado un paso relevante en la tramitación de la causa, que avanza hacia la celebración del juicio sobre las presuntas irregularidades relacionadas con los millonarios contratos de suministros sanitarios gestionados durante la pandemia.