Ábalos llega al Supremo para la vista en la que el juez decidirá si le envía a prisión como piden las acusaciones

El código penal contempla que la modificación o suspensión de las medidas cautelares solo puede resolverse tras la petición expresa de las acusaciones y luego de escuchar al resto de partes en una vista judicial, según explicó el magistrado instructor del Tribunal Supremo. En ese contexto, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, compareció este jueves ante el alto tribunal, que evaluará si dicta prisión provisional en su contra, tal como reclaman la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares encabezadas por el Partido Popular, debido a presuntas irregularidades durante la adjudicación de contratos de mascarillas en la pandemia, reportó el medio.

Según informó la fuente, José Luis Ábalos llegó aproximadamente a las 9:12 horas al edificio del Tribunal Supremo, portando únicamente una mochila pequeña y sin emitir declaraciones a los medios de comunicación que se encontraban aguardando frente a la entrada por la calle Marqués de la Ensenada. El magistrado Leopoldo Puente preside la sesión en la que se determinará si procede revocar las actuales medidas cautelares y ordenar su ingreso en prisión, como solicitan algunas de las partes. Tanto Ábalos como Koldo García, otro investigado en el proceso, están sujetos actualmente a la retirada de pasaporte, la prohibición de abandonar el país y la obligación de comparecer cada quince días ante las autoridades judiciales correspondientes.

La Fiscalía Anticorrupción, según publicó la fuente, exige una condena de 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, al considerar acreditados delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. El Ministerio Público también plantea una sanción económica cercana a los 3,9 millones de euros en concepto de multa. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el Partido Popular y otras agrupaciones, reclaman 30 años de prisión para cada procesado y amplían la lista de delitos imputados, incluyendo además prevaricación y falsedad en documento oficial. Estos querellantes sostienen que existen "indicios racionales de criminalidad" y que, en virtud de la "elevada petición de pena", la prisión provisional resulta "idónea, necesaria y proporcionada" con el fin de evitar un eventual riesgo de fuga en vísperas del juicio.

El proceso se enmarca en las investigaciones sobre la contratación de material sanitario durante la emergencia sanitaria que exigió respuestas inmediatas desde diferentes administraciones públicas. En ese sentido, según detalló la fuente, el juez instructor acordó celebrar la presente vista después de recibir los escritos de acusación de Fiscalía y acusaciones populares, quienes argumentaron la pertinencia de una revisión urgente de las medidas cautelares debido a la gravedad de las penas pedidas y al avance de la instrucción.

El artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que las partes pueden solicitar en cualquier momento la implementación, modificación o suspensión de cualquier medida restrictiva de derechos o privativa de libertad. Bajo ese marco legal, el magistrado indicó que solo atenderá a la modificación de las medidas vigentes si la petición parte formalmente de alguna de las partes acusadoras y después de escuchar los argumentos tanto de la defensa como de la Fiscalía.

Las acusaciones populares, según insistieron en sus escritos recogidos por la fuente, mantienen su intención de reclamar el ingreso inmediato en prisión para ambos acusados, aduciendo que ello contribuiría a garantizar el desarrollo efectivo del proceso judicial. Sostienen que la magnitud de los delitos imputados exige una respuesta preventiva ante la posibilidad de que los procesados puedan eludir la acción de la justicia durante la fase de enjuiciamiento.

Durante la jornada, la expectación mediática se evidenció en la concentración de periodistas y cámaras frente a la sede judicial desde primeras horas del día. El exministro Ábalos optó por no atender a la prensa al ingresar en el edificio, en contraste con la atención pública generada alrededor del caso desde que saltó a la luz la investigación sobre las presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas.

El resultado de la vista y la decisión definitiva del magistrado en torno a la situación cautelar de los procesados, según consignó la fuente, se espera en el transcurso de la jornada. La resolución podría marcar un punto de inflexión en la evolución del procedimiento judicial, que afronta una fase clave a las puertas del juicio oral previsto para los próximos meses, con el foco puesto en la gravedad de las penas solicitadas y la valoración del riesgo de fuga atribuido por las partes acusadoras.