El Congreso debate mañana instar al Gobierno a detallar los plazos de sustitución de los programas militares israelíes

En septiembre, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dio por cerrado el vínculo industrial con Israel dentro del sector de la defensa. A pesar de este anuncio, seguían existiendo interrogantes acerca de la dependencia tecnológica y de inteligencia de las Fuerzas Armadas españolas respecto a equipamiento suministrado previamente por la industria israelí. En este contexto, la Comisión de Defensa del Congreso se prepara para debatir y votar una propuesta impulsada por Sumar que busca exigir al Ejecutivo mayor transparencia sobre el proceso y los plazos para reemplazar los sistemas de seguridad vinculados a tecnología israelí tras la ruptura de relaciones militares motivada por la ofensiva en la Franja de Gaza.

Según informó Europa Press, Sumar registró una iniciativa en la Cámara Baja centrada en la necesidad de que el Gobierno publique un calendario detallado sobre la sustitución de todos los programas militares afectados por la suspensión del comercio de material de defensa con Israel. La propuesta será debatida este jueves, cuando la Comisión de Defensa someta a votación este pedido. El reclamo principal consiste en que el Ejecutivo clarifique cómo se desarrollará la retirada progresiva de los sistemas y tecnologías de origen israelí, en línea con el embargo que el Congreso aprobó a principios de octubre a raíz de las acciones de Israel en Gaza. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió entonces el embargo, recordando que representaba una formalización de la suspensión de relaciones de defensa con Israel ya en vigor desde el 7 de octubre de 2023.

El texto presentado por Sumar señala de manera específica la anulación de varios contratos relevantes. Entre ellos figura el acuerdo para la provisión de 168 sistemas de misiles anticarro Spike LR2, adjudicado a PAP Tecnos Innovación SAU por un monto de 237 millones de euros. Se incluye también el contrato correspondiente al sistema lanzacohetes SILAM, en el que participa la firma israelí Elbit Systems y que asciende a 576 millones de euros. Adicionalmente, se cuestiona el contrato de sistemas de combate aéreo firmado con la compañía Rafael, con un valor de 207 millones de euros. Europa Press detalla que estos proyectos constituyen una parte significativa del equipamiento militar que el veto obligó a revisar.

El Congreso adoptó el embargo de material militar a Israel luego de su aprobación por parte del Ejecutivo como una medida de presión hacia Tel Aviv tras la ofensiva sobre la Franja de Gaza. El Gobierno español calificó esa operación militar como un “genocidio”, impulsando así el fin de las relaciones comerciales en defensa con el Estado hebreo. Según reportó Europa Press, el Ministerio de Defensa ya había anticipado, meses antes de implementarse el embargo formal, el desarrollo de un “plan de desconexión” respecto a la industria armamentística israelí. Dicho plan pretendía sustituir los productos y tecnologías de origen israelí sin mermar las capacidades esenciales de las Fuerzas Armadas españolas, aunque el propio ministerio admitió entonces la existencia de cierta dependencia para materiales de inteligencia o tecnología avanzada.

La iniciativa de Sumar va más allá de exigir la publicación de un cronograma de sustitución. También reclama que, en el futuro, el Ejecutivo garantice que al menos el 80% de los fondos presupuestados para programas de defensa se ejecuten en España y que el 90% se destinen dentro de la Unión Europea. Europa Press recordó que, en abril, el Gobierno aprobó su plan industrial de defensa, dotado con 10.471 millones de euros, con el objetivo de alcanzar un gasto del 2% del Producto Interno Bruto en este sector estratégico.

El debate que se plantea en la Comisión de Defensa gira en torno a los mecanismos que permitirán asegurar la autonomía tecnológica y de adquisición de equipamiento defensivo en España, una vez interrumpidas las colaboraciones con Israel en materia de defensa. Europa Press subraya que la medida no solo afecta la compra de productos finales, sino también la participación de empresas israelíes en consorcios internacionales adjudicatarios de grandes contratos en territorio español.

Diversos sectores dentro del Congreso, según consigna Europa Press, han manifestado preocupación por la puesta en marcha efectiva de la desconexión anunciada por el Ministerio de Defensa, señalando la importancia de concretar los pasos y los plazos para garantizar la protección y actualización de las capacidades militares sin depender de tecnología ni know-how provenientes de Israel. La sesión de la Comisión de Defensa se anticipa como un paso relevante en esa dirección, en un momento en el que la política exterior y de defensa española se encuentra bajo intensos focos de atención internacional.