El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para dar luz verde este miércoles a una proposición de ley que viene a modificar el Código Penal para evitar que se considere delito de coacciones la interrupción de suministros en una "finca ocupada ilegalmente". El PNV ha apoyado esta medida, mientras que Junts ha optado por abstenerse.
Ahora, la proposición de ley pasará al Congreso de los Diputados, que la puede rechazar o aprobar para que siga su tramitación en la Cámara Alta. En el caso de que los grupos mantengan su mismo voto en ambas Cámaras, la norma podría salir adelante.
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Lo que proponen los 'populares' en su ley es una modificación del Código Penal para añadir un nuevo párrafo al artículo 172.1, el que habla de las ocupaciones ilegales, donde se recoja explícitamente que la interrupción de suministros en una casa okupada "en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones".
Según la exposición de motivos de la proposición de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP expone que la Audiencia Provincial de Barcelona avaló "que los propietarios pueden cortar los suministros a los okupas sin que esto se considere un delito de coacciones".
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"La interrupción de los suministros avalada por la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona puede marcar un precedente en la lucha contra la ocupación ilegal", celebra el PP.
Sin embargo, buscan modificar el Código Penal "para clarificar criterios y que se pueda aplicar legalmente en toda España".
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