El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central en relación con la Disposición final cuarta y disposición final octava, apartado uno, de la Ley 5/2024, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025.
Concretamente, el Estado llama la atención a Canarias por regular a través del presupuesto el salario del gerente del Servicio Canario de Salud y no cumplir el régimen de inversiones en los puertos de la comunidad autónoma.
Asimismo, el Constitucional ha suspendido las disposiciones recurridas, tras solicitarlo en su demanda el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde la fecha de interposición del recurso (30 de septiembre) para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
El Ejecutivo sostiene que la norma podría ser contraria a las competencias estatales establecidas en el artículo 149.1, apartados 13ª, 14ª, 18ª y 20ª y también alega la posible vulneración de los artículos 9.3, 134 y 156 de la Constitución, detalla el TC en una nota.
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