
La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Ceuta, ha dejado este miércoles visto para sentencia el juicio contra cuatro jóvenes guineanos, antiguos residentes del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), acusados de agredir a varios compañeros sudaneses durante una "multitudinaria reyerta" ocurrida en junio de 2022.
La Fiscalía solicita para ellos --que llevan dos años en prisión preventiva-- un total de 35 años de prisión para cada uno por dos presuntos delitos de asesinato en grado de tentativa, dos de lesiones y un robo con violencia, con las agravantes de uso de instrumento peligroso y abuso de superioridad.
Los hechos se remontan a la noche del 1 de junio de 2022, cuando una pelea multitudinaria en el interior del CETI del Jaral enfrentó a residentes de origen guineano y sudanés. Según el Ministerio Fiscal, los acusados permanecieron ocultos en las inmediaciones del centro y atacaron a sus compañeros con cuchillos, palos y barras metálicas, causándoles graves heridas.
Uno de los agredidos sufrió un traumatismo craneal severo, fracturas faciales y un coma inducido que le mantuvo quince días en la UCI y un mes hospitalizado, antes de ser evacuado al Hospital del Mar de Cádiz. Otro joven fue apuñalado en la espalda, provocándole un neumotórax y lesiones de riesgo vital, mientras que otros dos presentaron cortes y contusiones de gravedad.
Durante la primera jornada del juicio, celebrada este martes, varios agentes de la Policía Nacional destinados al CETI aquella noche relataron que la pelea dejó "muchos lesionados" y que en el lugar se localizaron armas blancas, palos de fregona y barras de hierro.
En la sesión de este miércoles ha declarado una de las víctimas, de nacionalidad sudanesa, quien ha asegurado que el conflicto se prolongó durante tres días y se originó cuando uno de los acusados le pidió dinero.
Según las defensas, el testigo ha incurrido en distintos cambios en su relato durante la vista oral, como la identificación de los supuestos agresores, al señalar inicialmente a una persona y posteriormente a otra, o el lugar del que procedían antes de la agresión, ya que en la fase de instrucción se dijo que regresaban del rezo, pero en el juicio se dijo que procedían de la playa.
Los letrados, entre ellos la abogada de la asociación Coordinadora de Barrios, Patuca Fernández, han destacado que los acusados no han registrado incidentes durante su estancia en prisión preventiva, han aprendido español y están realizando actividades laborales o formativas.
Los abogados de la defensa han solicitado la nulidad de la declaración preconstituida de otra víctima -actualmente en paradero desconocido- al considerar que los procesados no pudieron ejercer su derecho de defensa durante la instrucción.
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