El que fue concejal con el partido de Jesús Gil en Marbella (Málaga) Carlos Fernández, fugado desde el inicio del 'caso Malaya' hace casi 20 años y que fue detenido a finales de octubre, ha pactado con la Fiscalía ser condenado a una multa de 4.000 euros e indemnizar al Ayuntamiento marbellí con 250.000 euros por el 'caso Saqueo II'.
A ese pacto ha llegado Fernández con el Ministerio Público durante la vista que se ha celebrado este miércoles en la Audiencia Nacional (AN), después de que el tribunal le dejara en libertad provisional tras su detención ante ese posible acuerdo de conformidad.
Fernández estuvo fugado en Argentina y fue arrestado el pasado 29 de octubre al ser detectado en un filtro policial en el aeropuerto de Madrid-Adolfo Suárez, concretamente de un vuelo procedente de ese país sudamericano, con voluntad de ponerse a disposición de las autoridades judiciales españolas.
Según un auto de la AN al que tuvo acceso Europa Press, la representación procesal del exedil presentó un escrito en el que informaba del vuelo con llegada al aeropuerto madrileño.
La Audiencia Nacional celebró, tras su detención, una comparecencia en la que la Fiscalía y la defensa solicitaron la libertad provisional de Fernández teniendo en cuenta que se puso a disposición judicial y que se señaló el juicio para este miércoles.
En 2006, en la segunda fase de la operación 'Malaya', la Policía Nacional registró la vivienda de Fernández y al día siguiente su entonces letrado remitió al juzgado un escrito en el que el exedil se ponía a disposición de la justicia para colaborar y aseguró que éste estaba haciendo el Camino de Santiago, aunque desde entonces se desconocía su paradero hasta 2017.
Ese año, en concreto en septiembre de 2017, el exedil, que militó en el Partido Andalucista en Marbella, fue detenido en Argentina, donde se entregó a las autoridades tras haber realizado gestiones en España sobre la prescripción de los delitos que se le imputaban en varias causas, entre ellas 'Malaya' y 'Saqueo II', del que es competente la Sección Tercera de la Audiencia Nacional.
HASTA SEIS SOLICITUDES DE EXTRADICIÓN
El Gobierno acordó en noviembre de ese mismo año remitir a las autoridades argentinas un total de seis expedientes de solicitud de extradición de Fernández por la presunta comisión de diferentes delitos en España durante su actividad como concejal del Ayuntamiento de Marbella.
La primera de estas solicitudes de extradición se fundamentó en la petición de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la AN y hacía referencia a la comisión de presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil en el 'caso Saqueo II'. Los hechos se refieren a su actividad como concejal durante los gobiernos con mayoría absoluta del Grupo Independiente Liberal (GIL) en las legislaturas de 1991, 1995 y 1999.
Las restantes cinco ampliaciones de la solicitud de extradición correspondían a tres juzgados de instrucción distintos de la localidad de Marbella por los delitos contra la ordenación del territorio, cohecho en el 'caso Malaya' o prevaricación administrativa, fraude en la contratación y falsedad en documento oficial.
Un juzgado argentino acordó extraditar a España al exedil en concreto por una de las seis causas por las que España la solicitó, en concreto la del 'caso Saqueo II', de la que es competente la Audiencia Nacional. Pero, en diciembre de 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en vía de recurso, dictó sentencia y denegó dicha extradición.
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