
La responsabilidad del imputado quedó acreditada para el tribunal, tras considerar que el fuego, originado en una zona con una pendiente del 50% y con el objetivo de limpiar un sendero utilizado para el paso del ganado, se propagó hasta afectar más de ocho hectáreas con vegetación autóctona, dentro del concejo de Las Regueras, en Asturias. De acuerdo con lo detallado por el medio, el Juzgado de lo Penal nº 3 de Oviedo dictó una condena contra el ganadero, imponiéndole un año y medio de prisión y una multa de 9.000 euros, además de exigirle indemnizaciones cuyo importe corresponde tanto a la extinción del incendio como a los daños medioambientales y a las pérdidas sufridas por particulares y la cooperativa forestal.
Según publicó la fuente, el incendio se declaró a las 22:10 horas del seis de septiembre de 2021 y no se logró su completa extinción hasta las 12:26 del día siguiente. Para sofocar las llamas, actuó el personal de los Bomberos de Asturias, desplazado desde las bases de Grado y La Morgal. El área dañada abarcó un total de 8,03 hectáreas con vegetación diversa, que incluía arbolado disperso de encinas —algunas protegidas e inscritas en el Catálogo Regional de Flora Protegida—, robles, castaños, fresnos, espineras y avellanos, además de matorrales y herbáceas.
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Tal como dio a conocer la fuente, el coste estimado por las operaciones de extinción ascendió a 5.948,26 euros, mientras que los daños al medioambiente alcanzaron los 3.035,41 euros. El tribunal concluyó que los hechos se encuadran en el delito de incendio forestal cometido por imprudencia grave, según lo dispuesto en el artículo 352 del Código Penal y en la Ley 3/2004 de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias.
La sentencia explicitó que: “los delitos de incendio son ataques especialmente graves contra la seguridad colectiva realizados por medio del fuego, ya sea de manera intencionada o por omisión de las normas de cuidado ambientales”, utilizando la fundamentación expuesta por la propia resolución judicial, tal como reprodujo el medio.
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El juzgado aceptó de manera íntegra la petición de la Fiscalía del Principado al fijar la condena de un año y seis meses de prisión, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo mientras dure la condena y la mencionada pena económica, estableciendo además que —en caso de impago— habrá responsabilidad subsidiaria. Se determinó que la indemnización a abonar debe cubrir no solo el gasto por extinción del incendio sino también los daños ocasionados a la administración regional, a la cooperativa forestal afectada y a los particulares perjudicados, tanto en lo económico como en lo ambiental.
Según consignó el medio, la resolución judicial aún admite recurso de apelación y, por ello, la sentencia no resulta firme hasta la eventual decisión de una instancia superior.
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