El Gobierno aprueba este martes la nueva ley de enjuiciamiento criminal que deja las investigaciones penales a fiscales

El proyecto prevé que la nueva normativa entre en vigor en enero de 2028 y contempla también la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, de modo que el mandato del fiscal general del Estado pase a durar cinco años. Según Europa Press, el Gobierno tiene previsto aprobar este martes, durante la reunión ordinaria del Consejo de Ministros, la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), considerada la mayor reforma del proceso penal en España y que supondrá un cambio fundamental en la instrucción de las investigaciones penales, que pasarán de manos de los jueces a los fiscales.

De acuerdo con el medio Europa Press, la reforma supone que la labor de investigación durante la fase de instrucción, hasta ahora encomendada a los jueces, se convertirá en una función del Ministerio Público. Esto implica que los funcionarios de la Fiscalía serán los encargados de dirigir todas las pesquisas en materia penal. A su vez, la nueva ley establece la exclusión de partidos políticos de la acusación popular, con lo cual estas formaciones dejarán de poder ejercer este tipo de acción judicial en los procesos penales que se inicien bajo el nuevo marco legal.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, argumentó la semana pasada, según informó Europa Press, que el principal objetivo de la legislación es armonizar el modelo judicial español con los estándares europeos. Bolaños detalló que la reforma apunta a lograr que “los jueces estén para juzgar y ejecutar lo juzgado y la investigación la lleve la Fiscalía”. El ministro calificó la modificación de necesaria para dotar al proceso de mayores garantías, y explicó que las decisiones del Ministerio Fiscal durante la investigación penal estarán sujetas a la supervisión de un juez de garantías, quien podrá decidir, revocar o confirmar dichas decisiones.

Europa Press señaló que, además del cambio en la atribución de la instrucción y la limitación de la acusación popular, el proyecto también contempla una revisión profunda del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con la extensión del mandato del fiscal general del Estado de los actuales cuatro a cinco años. En cuanto a la temporalidad, la ley está diseñada para comenzar a aplicarse a partir de enero de 2028, permitiendo un plazo amplio para su implantación y adaptación de los operadores jurídicos al nuevo sistema.

El texto legal abordado en la reunión del Consejo de Ministros responde, según consignó Europa Press, a una reclamación histórica por parte de diferentes sectores jurídicos que han solicitado un modelo más comparable con el de otros países europeos, donde la instrucción recae tradicionalmente en el Ministerio Público. La iniciativa busca, según fuentes del Ministerio de Justicia citadas por el medio, modernizar la justicia penal en España, clarificar el reparto de funciones entre los distintos actores procesales y reforzar la imparcialidad y eficiencia de las investigaciones judiciales.

El cambio será progresivo y prevé igualmente la creación de la figura del juez de garantías, cuyo cometido será salvaguardar los derechos de las partes durante la fase de investigación y ejercer control judicial sobre las actuaciones del Ministerio Público. Las fuentes oficiales consultadas por Europa Press destacaron que este nuevo modelo dotará al proceso penal de un mayor equilibrio entre acusación y defensa, en consonancia con las recomendaciones internacionales en materia de justicia.

Finalmente, Europa Press informó que la pretensión del Gobierno al suprimir la posibilidad de que las formaciones políticas ejerzan la acusación popular obedece al propósito de evitar instrumentalizaciones de procedimientos judiciales con fines políticos y centrar la instrucción y acusación en sujetos legitimados y con responsabilidad profesional directa. El texto de la nueva ley contempla salvaguardas para la participación de otras partes en el proceso, siempre bajo los parámetros de legalidad y respeto a las garantías procesales.