
El Tribunal de Cuentas y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no son lo mismo. La presidenta del primero de ellos, Enriqueta Chicano, ha dejado claro cuáles son las diferentecias fundamentales entre la labor que realiza el órgano fiscalizador y la que lleva a cabo esta unidad de la Guardia Civil. Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado por el denominado caso Koldo, Chicano admitió abiertamente la posibilidad de que la UCO cuente con “más competencias” y, por ello, logre detectar “algunos pagos” vinculados al PSOE que el Tribunal de Cuentas no ha recibido ni ha podido fiscalizar.
En respuesta a las preguntas del senador Salvador de Foronda, representante del PP, la responsable del Tribunal de Cuentas defendió que la institución que encabeza “no es un órgano antifraude”, aseverando que “realiza labores distintas” a las de la Guardia Civil.
La presidenta ha explicado que la metodología del Tribunal se basa únicamente en la documentación que los fiscalizados entregan, sin capacidad para investigar de oficio. Según indicó Chicano ante el Senado, su organismo “no tiene autoridad para abrir cajas o romper ordenadores”, añadiendo que en ocasiones, incluso al solicitar información a entidades bancarias sobre la situación de tesorería de partidos políticos, han afrontado “algunas dificultades”.
“Sin respaldo documental”
Por otro lado, De Foronda ha relatado ante la comisión que el último informe de la UCO describe presuntos pagos en metálico y “sin respaldo documental” del Partido Socialista hacia José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, así como cobros en sobres a Ábalos y a Cerdán durante varios años. El senador del PP aseguró que estos pagos “se saltan la ley de capitales”.
Al respecto, Chicano recalcó que hasta la fecha el Tribunal de Cuentas solo ha examinado el informe relativo al año 2020 sobre partidos y todavía espera recibir el correspondiente a 2021. Ha reconocido la posibilidad de que “seguramente” la UCO haya identificado ciertos movimientos financieros no reportados ante el Tribunal, debido precisamente a la diferencia de competencias entre ambas instituciones.
A lo largo de su intervención, la titular del Tribunal de Cuentas insistió varias veces en que su labor se limita a los documentos aportados por los fiscalizados y subrayó: “no somos un órgano antifraude”, marcando así el alcance de la función del Tribunal en comparación con los poderes de investigación policial de la UCO.
(Con información de Europa Press)
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