La Fiscalía de Madrid ha abierto diligencias preprocesales para investigar el acceso ilícito a material informático de varios senadores a través de sus ordenadores en la Cámara Alta, según ha publicado 'eldiario.es' y han confirmado fuentes fiscales a Europa Press.
La decisión del Ministerio Público tiene lugar después de que el Senado investigara a dos trabajadores despedidos que accedieron a los ordenadores de varios senadores y de que indagara en si, al margen de esas dos personas, otros miembros de la institución actuaron de la misma forma.
El Senado concluyó que los dos trabajadores despedidos accedieron a material informático únicamente por una cuestión "personal", para un proceso de promoción laboral. Sin embargo, dichos trabajadores alegaron que había otras personas que también habían entrado a ordenadores de varios senadores, por lo que el Senado investigó si estos accesos se produjeron de manera legal o ilícita, sentenciando que lo hicieron legalmente.
En el informe de la secretaría general del Senado, al que ha tenido acceso Europa Press, se sostiene que los informáticos habían entrado en material digital dentro del "ejercicio de sus funciones (para realizar labores como la corrección de incidencias, actualización de versiones, etc.)".
Por todo ello, concluye que "no ha existido ningún hackeo de los sistemas informáticos del Senado" por parte de los dos trabajadores despedidos, como tampoco ha existido "ningún espionaje ni robo de información".
"Nadie ha accedido a los ordenadores personales de los senadores ni a sus dispositivos personales iPhone/iPad sin su permiso", añade el informe, a la vez que niega que haya habido infiltración masiva en la identidad digital de los senadores.
Desde el Senado insistieron en que nadie ha utilizado las claves de los senadores, sino que los infractores "utilizaron usuarios con permisos de administración, esto es, permisos de los que disponían para el desempeño de sus cometidos profesionales, ya que las claves de los senadores no pueden conocerse por el personal TIC puesto que se almacenan encriptadas".
Lo que sí está probado es que estas dos personas despedidas accedieron ilícitamente a los portafirmas digitales de varios funcionarios cargos de la Secretaría General, pero a "ningún portafirmas de senadores", para descargarse diversos documentos relacionados con el personal de la Dirección, relativos a procesos de promoción profesional. Según explicó el Senado, en el momento en el que se descubrieron los hechos se cortó el acceso al portafirmas a estas personas.
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