El despacho 'del caso Montoro' defiende la "legalidad" de sus trabajos e insiste en la nulidad de la causa

El despacho Equipo Económico (EE), epicentro de la presunta trama de favores políticos a empresas en la época de Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, ha defendido ante el juez instructor de Tarragona "la legalidad de los trabajos y conductas llevadas a cabo", a la vez que ha insistido en la "nulidad" de actuaciones.

A través de dos escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de la compañía parte de que la actividad de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), conformada por varias empresas investigadas, "respondía a una finalidad absolutamente legítima" y "recogida en su objeto social".

Equipo Económico señala que uno de los fines constitutivos de esa asociación "consistía precisamente en 'formular y suministrar informaciones, estudios y recomendaciones, a efectos de colaborar con las autoridades y los organismos locales, autonómicos, nacionales e internacionales en la preparación de leyes o reglamentos relativos a la producción, transporte, 'stock', manutención, manipulación y utilización de gases'".

A ello añade que "es también legítimo, normal e incluso conveniente que las sugerencias y opiniones que un determinado sector dirijan a los funcionarios y autoridades que intervienen en dichos procedimientos de elaboración de normas se asesoren de los mejores expertos en la materia objeto de regulación, con la finalidad de dotar a sus aportaciones de la fundamentación técnica oportuna".

El despacho asegura que "se trata de una labor desarrollada diariamente y con toda normalidad por las mejores firmas del mercado de servicios jurídicos y económicos, para añadir que eso fue lo que hizo "para AFGIM, en su calidad de acreditados expertos en fiscalidad, tal y como se evidencia en las comunicaciones desarrolladas".

Así que reivindica "la legalidad de los trabajos y conductas llevadas a cabo no sólo por Equipo Económico y por la AFGIM, sino también por cuantos funcionarios o autoridades participaron en las reformas legislativas a que se refiere la presente causa".

TODO PASÓ EN MADRID

Con todo, utiliza el escrito para subrayar que "esos trabajos y conductas tuvieron lugar en Madrid", ya fuera en la sede del despacho, en la de AFGIM o en dependencias de Hacienda.

"Las reuniones y contactos ente Equipo Económico y AFGIM se producían en Madrid, donde radicaban las sedes de ambas entidades, y también era en Madrid donde en alguna ocasión se reunieron representantes de AFGIM con funcionarios del Ministerio de Hacienda para hacer llegar sus propuestas legislativas en defensa de las empresas asociadas", detalla.

Y lo hace para señalar que, "en el hipotético caso de que tales actos fueran constitutivos de delito", que a su juicio "en absoluto lo son", se habrían ideado y cometido en la capital, por lo que entiende que la competencia de la causa "le corresponde a los Juzgados de Instrucción del partido judicial de Madrid" y pide al juez instructor de Tarragona, Rubén Rus, que "se declare incompetente".

"Parece obvio que se habrían cometido en Madrid, donde radicaban los funcionarios supuestamente corrompidos y las entidades que se dice corruptoras. Es en Madrid, además, donde tienen lugar las reuniones, los contactos, los informes, los trabajos y las propuestas legislativas que finalmente se aprueban por las Cortes Generales que están también en la villa de Madrid", insiste.

Asimismo, Equipo Económico critica que los Mossos d'Escuadra hayan investigado, "durante siete años y excediéndose de su ámbito competencial, hechos acaecidos en Madrid y a personas radicadas en Madrid, sin que concurriera ninguno de los supuestos que habrían posibilitado su actuación fuera del territorio de la comunidad autónoma de Cataluña".

"La única conexión con Tarragona es el irregular inicio de la presente causa --a partir de un hallazgo 'casual' investigado fuera de toda legalidad, seguido de otros dos increíbles hallazgos nuevamente 'casuales'-, cuya nulidad ya hemos interesado a través del correspondiente recurso, y que en todo caso no es una conexión válida como criterio para asignar la competencia a este Juzgado", agrega.

PIDE LA NULIDAD DE CORREOS

De esta forma, el despacho se suma a una petición ya presentada por la defensa de Global Afteli y del socio director de EE Manuel de Vicente-Tutor, que también solicitaron a la Audiencia Provincial que se declare la nulidad de todas las actuaciones secretas.

A esa solicitud se une también Equipo Económico, que apunta que la incautación de correos electrónicos y otra documentación claves en la investigación "deben ser declaradas nulos" porque forman parte de otra causa.

En concreto se refieren, entre otros, al "hallazgo casual" por los investigadores de un correo de Rubén Folgado, director técnico de la empresa gasística Messer, en el que aseguraba que, para conseguir favores, "la vía más directa, como siempre, es pagar a Equipo Económico, que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro".