El juez Francisco de Jorge ha citado para este miércoles al exjefe de ETA Mikel Albisu, alias 'Mikel Antza', para que declare en la Audiencia Nacional como procesado por la planificación del asesinato, el 23 de enero de 1995 en San Sebastián, del concejal del PP Gregorio Ordóñez.
Se produce tras las declaraciones, también como procesados, de los exjefes de la banda Ignacio Gracia Arregui, 'Iñaki de Rentería', y Juan Luis Aguirre Lete, 'Isuntza', que negaron ante el juez su implicación, limitándose a decir que los hechos recogidos en el auto de procesamiento no son ciertos.
La declaración de 'Antza' está previsto que sea por videoconferencia desde los juzgados de San Sebastián y fue pospuesta una semana después de que el procesado alegara que tenía unas vacaciones reservadas en Mallorca para la fecha inicial.
ORDEN DE LA CÚPULA
'Antza', 'Iñaki de Rentería' e 'Insuntza' fueron procesados en esta causa el pasado mes de enero junto a Julián Achurra Egurola, 'Pototo', y José Javier Arizcuren Ruiz, 'Kantauri'.
El juez instructor los señaló por presuntos delitos de asesinato terrorista y de atentado contra la vida del exdirigente 'popular' basándose en "datos y circunstancias de valor fáctico que, representando más que una mera posibilidad y menos que una certeza, suponen por sí mismas la probabilidad de la comisión del delito".
"Los indicios se desprenden, en primer lugar, de las declaraciones de los testigos protegidos que obran en el sumario, de donde se desprende que la decisión de cometer el atentado que costó la vida a Gregorio Ordóñez la tomó en Francia el Comité Ejecutivo de la banda criminal ETA, y la orden de ejecutarlo se transmitió al 'comando Donosti', que la puso en práctica", indicó en un auto.
EL ASESINO DECLARÓ EL PLAN
El asesino de Ordóñez, Valentín Lasarte, fue detenido en marzo de 1996 y declaró la forma en que se planificó y materializó el atentado, recordó el juez. Dos años antes, según dijo, se reunió con 'Kantauri' en una cita en la que le impartió las directrices que emanaban de la cúpula de la banda.
La asociación Dignidad y Justicia (DyJ), que ejerce como acusación en la causa, celebró que se trataba del cuarto procesamiento de miembros de la cúpula de ETA tras los de los casos de Miguel Ángel Blanco, Santa Pola y Francisco Arratibel.
A petición de la Fiscalía y varias acusaciones, el juez amplió el plazo de investigación hasta enero de 2026, "sin perjuicio de las prórrogas por periodos iguales o inferiores que puedan acordarse si procede" para practicar más diligencias.
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