El Govern balear ha solicitado formalmente al Ministerio de Infancia y Juventud poder acogerse a la figura de contingencia migratoria con el objetivo de paralizar el traslado de menores no acompañados procedentes de otras comunidades autónomas.
Según ha informado el Ejecutivo, la vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha remitido un escrito al Ministerio este lunes con la petición.
Desde el Govern han argumentado que el contexto que vive el archipiélago es de "presión sin precedentes", ya que en lo que va de año han llegado a las costas baleares 4.895 personas migradas en situación irregular, de las cuales más de 350 son menores no acompañados.
En este sentido, han subrayado que en las Islas los consells insulares tutelan 694 niños y adolescentes migrantes no acompañados, mientras que la capacidad ordinaria establecida en el Real Decreto 743/2025 es de 406 plazas.
Esto implica que dos de cada tres menores tutelados en el archipiélago son jóvenes migrados y que el sistema sufre una sobreocupación superior al 1.000 por ciento, han asegurado desde el Ejecutivo.
Para la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, "la imposición de derivaciones sin apoyo, diálogo ni consenso supondría un riesgo directo tanto para los menores como para la sostenibilidad de todo el sistema de protección".
Paralelamente, han agregado, el Govern continúa impulsando acciones legales para "defender la capacidad de decisión y la viabilidad del sistema de protección insular".
Así, según ha anunciado también la presidenta balear, Marga Prohens, este lunes la Abogacía de la Comunidad Autónoma ha presentado recurso ante el Tribunal Supremo contra el Decreto 658/2025, de 22 de julio, y ya se trabaja en otro recurso contra el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto.
Estas impugnaciones se suman al recurso interpuesto en el mes de marzo contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, actualmente admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.
El Ejecutivo autonómico ha insistido en que continuará utilizando "todas las vías políticas y jurídicas disponibles" para "garantizar el respeto al principio de interés superior del menor y la sostenibilidad del sistema de protección del archipiélago".
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