Sevilla, 8 ago (EFE).- La Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía (UPA), junto con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha desmantelado una red criminal dedicada a la exportación ilegal de residuos peligrosos al continente africano, concretamente a Ghana, y ha detenido a tres personas en Sevilla e investigado a otra en Murcia, todas de nacionalidad ghanesa.
Según una nota de la Junta de Andalucía, la actuación, desarrollada el pasado 23 de julio, se enmarca en la denominada Operación ‘Revolución Verde’, impulsada por la Junta para la protección del medio ambiente y la lucha contra el tráfico ilegal de residuos.
La investigación ha sido desarrollada por la Unidad Regional Operativa Medioambiental (UROM) y ha requerido meses de vigilancia discreta en un lugar de almacenamiento alejado del núcleo urbano de Sevilla.
Las condiciones operativas fueron especialmente complejas debido a la falta de puntos seguros de observación y a la dispersión del material.
Durante la intervención se interceptó un envío de 19.021 kilos de motores de vehículos no descontaminados, apilados sin ningún tipo de estiba ni contenedor, mezclados con restos de aceites de distintas viscosidades. Asimismo, se hallaron depósitos de gasolina con restos de combustible y dos toneladas adicionales de residuos contaminados con aceites y otras sustancias peligrosas, todo ello almacenado sin medidas de seguridad ni control ambiental.
El contenedor interceptado iba a exportarse desde el Puerto de Algeciras con destino a Ghana, país al que la normativa internacional prohíbe expresamente el envío de residuos peligrosos al no contar con infraestructuras adecuadas para su tratamiento.
La documentación aduanera presentada (Documento Único Administrativo - DUA) no reflejaba el contenido real del envío, lo que evidencia una presunta falsedad documental y un posible fraude aduanero.
El objetivo era reutilizar o readaptar los motores en otros vehículos, desechando el resto de las piezas sin ningún tipo de reciclaje ni medida de protección ambiental. Ninguno de los implicados contaba con autorización administrativa, ni autonómica ni estatal, para la manipulación, transporte o exportación de residuos, incumpliendo gravemente la normativa vigente.
A los investigados se les imputan delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, así como pertenencia a grupo criminal, en una causa dirigida por la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla y el Juzgado de Instrucción de la capital. EFE
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