El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha defendido este miércoles, frente a la denuncia de Hazte Oír ante el Parlamento europeo, que la ley de información clasificada aprobada por el Gobierno es garantía de "seguridad" y de "acceso a la información de la ciudadanía".
Este proyecto de ley, validada por el Consejo de Ministros el pasado 22 de julio y que acaba de comenzar su trámite parlamentario, sustituye a la norma de secretos oficiales de 1968 y establece un límite de 45 años para desclasificar automáticamente documentos de alto secreto, por lo que se podría hacer pública información sobre el intento de golpe de Estado del 23-F "salvo que afectara a la seguridad nacional y la defensa".
Hazte Oír, a través de un comunicado, ha informado que ha denunciado ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento europeo que "la pretendida reforma exprés y opaca" de esta ley busca "ocultar información clave" sobre el "uso de recursos públicos y posibles delitos institucionales".
"Es un nuevo plan de Sánchez contra la libertad de prensa, la libertad de información y buscando impunidad. Esta nueva ley que refuerza el silencio, debilita la transparencia y obstaculiza la acción de los tribunales y del periodismo", ha tildado Hazte Oír.
Por su parte, Bolaños ha respondido a la entidad en un mensaje en la red social 'X', en el que ha ironizado que es "todo normal" que "una organización ultraderechista" defienda una ley franquista de 1968 y ha criticado que sus argumentos empleados son "para echarse a reír".
"La verdad es una ley de información clasificada en línea con Europa, que garantiza la seguridad nacional y el acceso a la información de la ciudadanía", ha sentenciado Bolaños.
EL 23-F "ENTRARÍA" EN LA LEY
El pasado 22 de julio, Bolaños detalló que la nueva ley de información clasificada, una vez venga aprobada tras su tramitación parlamentaria, entrará en vigor "justo un año después" de que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
En este contexto, el ministro interpeló veladamente a los socios de Gobierno para que apoyen esta norma y ha señalado que si la tramitación parlamentaria fuera "rápida" la ley podría estar en el BOE en el último trimestre de este año.
"Si fuera así, estoy hablando de una hipótesis, lógicamente los apoyos parlamentarios hay que trabajarlos y hay que conseguirlos, pero entraría en vigor en el último trimestre de 2026. Es decir, incluiría el año 1981 y anteriores, por lo que entraría el año del 23-F", ha añadido Bolaños.
Eso sí, ha insistido en que esa información se desclasificaría automáticamente "salvo que algo afectara a la seguridad nacional y la defensa". También se levantaría el secreto de los años anteriores y de la dictadura, recordando que "siempre y cuando no se valore que haya alguna causa superior de seguridad nacional o de defensa que hace recomendable que siga clasificado algún documento".
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