
El Consejo de Ministros ha acordado este martes tomar razón de la declaración de emergencia para la contratación de las obras y servicios para la intervención en la cubierta de la cancillería de la Embajada de España en Lisboa, por un importe de 794.240,52 euros (IVA incluido).
Según ha trasladado el ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la situación de toda la cubierta del edificio de la cancillería de la Embajada de España en Lisboa, "de gran valor histórico-cultural", evidencia "la gran degradación que sufre" con filtraciones de agua dentro de las instalaciones, tanto en la primera como en la segunda planta, provocando varios desprendimientos en despachos y zonas de trabajo y suponiendo "un grave peligro" para la seguridad en el edificio.
En este sentido, es necesario acometer actuaciones "de forma inmediata" para evitar que el deterioro "acelerado" de los elementos estructurales del inmueble pueda "poner en riesgo" tanto la propia integridad del inmueble como del personal que desempeña sus funciones y reside en él. En concreto, se requiere de dos tipos de actuaciones distintas pero interrelacionadas entre sí: ejecución y dirección facultativa de la obra, ha explicado Exteriores.
El pasado 21 de marzo la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) dio la voz de alarma por el mal estado en que se encuentran muchas embajadas y consulados en el exterior con el consiguiente "serio riesgo" que supone para la integridad tanto de su personal como de los españoles que acuden a ellos así como para la imagen y reputación de España.
La asociación, mayoritaria entre los miembros de la Carrera Diplomática, se remitió a un estudio realizado por Exteriores en 2019 en el que se determinó que había 28 oficinas consulares al límite de su capacidad física y no podían incorporar refuerzos por falta de espacio para acoger personal adicional, mientras que 68 oficinas presentaban problemas de accesibilidad en la entrada del edificio, 53 en el área de atención al público y 76 en el resto de instalaciones.
Asimismo, 10 oficinas carecían de sistemas de detección de incendios y 14 de sistemas de protección contra incendios y al menos 17 edificios no presentaban un buen estado de conservación.
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