El Partido Socialista ha reprochado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que llame "mafia" a los demás, después de que un juez de Tarragona haya imputado este miércoles al exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, por presuntamente cambiar leyes para beneficiar a empresas gasísticas.
"Los dos ministros de Hacienda del Partido Popular han acabado imputados. Y si llegan a poner tres, pues habrían sido tres", ha expresado la formación a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press.
Unas palabras que hacen referencia a Montoro y al exministro de Economía del Gobierno de Aznar y director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, que fue condenado en 2024 por la Audiencia Provincial de Madrid a una pena de 4 años, 9 meses y 1 día de cárcel por tres delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares en el marco de la causa sobre el presunto incremento ilícito de su patrimonio.
Montoro, por su parte, ha sido imputado por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas gasísticas que eran clientes de un despacho de abogados --Equipo Económico (EE)-- que había fundado el ministro antes de entrar al Gobierno, tal y como refleja un auto al que ha tenido acceso Europa Press.
Según el auto dictado por el Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona, "el uso de tales potestades habría permitido a EE poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público".
Ante ello, el grupo socialista ha cargado contra el líder de la oposición, recordando la foto que se hizo en 1995 con el narcotraficante Marcial Dorado: "Y luego uno, que tiene una foto de vacaciones con un narco, llama mafia a los demás. Esto es el PP. Genio y figura".
El juez ha acordado el levantamiento del secreto de sumario sobre una causa que se abrió hace 7 años y la notificación de la condición de investigados a Montoro y a diversos ex altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico, según la resolución.
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