Las asociaciones convocantes cifran el seguimiento de la tercera jornada de huelga de jueces y fiscales en un 65%

Las asociaciones de jueces y fiscales que han convocado tres días de huelga --1, 2 y 3 de julio-- contra las reformas anunciadas por el Gobierno del acceso a ambas carreras y de la Fiscalía, al considerar que suponen un ataque al Estado de Derecho, han cifrado el seguimiento durante esta tercera jornada en un 65%, asegurando que la media arroja un 70%.

"Durante los tres días de movilización, la participación masiva de jueces y fiscales ha sido un éxito rotundo, con una media de seguimiento del 70%", han dicho en un comunicado conjunto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

Además, han insistido en que lamentan "los perjuicios que esta situación ha podido ocasionar a la ciudadanía y a los operadores jurídicos", a los que han reiterado sus "más sinceras disculpas".

"Nuestro objetivo ha sido visibilizar reivindicaciones legítimas para la mejora del sistema judicial y del Estado de Derecho, siempre con respeto y responsabilidad hacia quienes confían en la administración de justicia", han incidido.

Al mismo tiempo, han querido expresar su "profundo agradecimiento y reconocimiento a todos los compañeros que, con su sacrificio y valentía, han demostrado un compromiso ejemplar en la defensa de los derechos de la ciudadanía, de sus propios derechos y de la dignidad de la profesión".

A su juicio, "se trata de una huelga histórica, ya que nunca antes ha habido tres días consecutivos de movilización de jueces y fiscales, ni un seguimiento tan masivo, en defensa de la independencia judicial y del Estado de Derecho".

"Esta huelga responde a unas reformas tramitadas --inexplicablemente-- por la vía de urgencia en el Parlamento, sustrayendo la debida consulta entre los operadores jurídicos, y que atribuyen más poder al fiscal general del Estado sin reforzar su independencia, al tiempo que rompen con los principios de igualdad, mérito y capacidad al crear una puerta trasera en el acceso a la carrera judicial y fiscal", han incidido.

Al hilo, han precisado que "la introducción de 1.004 jueces y fiscales sustitutos en la carrera mediante un examen 'ad hoc' vulnera injustamente los derechos de los 4.000 jóvenes --en su mayoría mujeres-- que dedican sus esfuerzos personales y familiares a alcanzar el sueño de ser juez o fiscal".

Asimismo, han criticado que, "a pesar de las reiteradas solicitudes, el Ministerio de Justicia no ha adoptado medidas para evitar esta situación". "Resulta inaudito que el Ministerio no haya dado respuesta a las demandas planteadas ni haya abierto una mesa negociadora, en contra de lo que suele suceder en los conflictos colectivos que se producen en España", han destacado.

Se han referido también a una enmienda sobre el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos presentada por el PSOE, para denunciar que "resulta aún más lesiva para los principios constitucionales".

Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que no han secundado ni la huelga ni las protestas contra dichas reformas, también han criticado la enmienda socialista. Mientras JJpD ha pedido desgajar el proceso de estabilización de los jueces sustitutos del proyecto de ley para dar tiempo a una tramitación parlamentaria "sosegada", UPF ha amenazado directamente con "medidas de conflicto".

DATOS CONTRADICTORIOS

Durante la primera jorada de huelga, los convocantes hablaron de un seguimiento del 75%, que el Ministerio de Justicia redujo al 28%. Ya el martes, lo situaron en un 70% y el departamento que dirige Félix Bolaños, en un 30%.

Cabe recordar que el dato de las asociaciones se basa en los 'emails' enviados a la dirección de correo electrónico habilitada por el propio comité de huelga por parte de los jueces y fiscales que voluntariamente han querido comunicar que han hecho huelga.

En cambio, Justicia se apoya en "los datos oficiales facilitados al Ministerio por los secretarios de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, referidos al conjunto del territorio de cada una de sus comunidades autónomas", según informó Bolaños en la red social X.

Fuentes de los convocantes aseguran que los datos de Justicia se basan en las suspensiones de señalamientos. Sobre esto, el comunicado expone que, si bien desconocen "el número exacto de juicios o señalamientos suspendidos, dado que este dato solo obra en poder del Ministerio", "la labor de jueces y fiscales va mucho más allá de la celebración de vistas o juicios, abarcando una compleja y esencial función para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho".

Por último, han recordado que "el próximo 4 de julio las asociaciones profesionales convocantes se reunirán para realizar una valoración exhaustiva de la huelga y, tras analizar todos los factores implicados, adoptar las decisiones oportunas para el futuro". "Agradecemos la comprensión y el apoyo de la sociedad durante estos días y reiteramos nuestro compromiso con la mejora del sistema judicial", han concluido.

Las asociaciones protestan contra las reformas del acceso a ambas carreras y de la Fiscalía al entender que atentan contra la independencia judicial y, por ende, contra el Estado de Derecho, algo que Bolaños niega, al tiempo que insiste en que los cambios son "imprescindibles" para modernizar la administración de justicia.