
Sumar quiere que el presupuesto, los recursos y las capacidades que el Ministerio de Defensa destine al Observatorio de la Vida Militar queden blindados por ley, y que esta norma defina "con eficacia" la relación de este órgano colegiado con las Cortes Generales.
El Observatorio de la Vida Militar, un organismo de carácter asesor y consultivo que se encarga de analizar la condición de militar, ha solicitado reiteradamente la necesidad de afrontar y resolver su falta de medios y capacidades y una definición más clara de su propia naturaleza y de la relación con el Congreso y el Senado, cámaras que consideran "fundamental" su labor.
La última vez fue a principios de mayo, durante el homenaje que el Parlamento rindió a la institución con motivo del décimo aniversario de su constitución. Su presidente, Mariano Casado, reclamó en el Congreso que el Observatorio de la Vida Militar disponga de un presupuesto propio, un marco legal "más avanzado" y que se desarrolle su reglamento para poder continuar con su labor.
Casado reivindicó que el órgano se constituyó "sin manual de funcionamiento y con dudas sobre cuál podría ser su trayectoria", pero, tras diez años, desarrolla su labor "poniendo a las personas en el centro de la defensa, preocupándose por las condiciones y derechos de los miembros de las Fuerzas Armadas y siendo garante del equilibrio de derechos y deberes" en el seno de los Ejércitos.
UNA PARTIDA EN LOS PRESUPUESTOS
En este contexto, Sumar ha planteado una enmienda en el proyecto de ley por el que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, para blindar los recursos del Observatorio de la Vida Militar.
En concreto, ha planteado añadir una disposición final nueva, recogida por Europa Press, a la mencionada ley con el objetivo de modificar la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, cuya regulación tiene el carácter de ley ordinaria sobre el Observatorio.
En concreto, reformula el artículo 53 para añadir un punto que establece que la dotación económica necesaria para el funcionamiento del Observatorio constituirá una partida dentro de los Presupuestos Generales del Estado y que la institución es el alto comisionado de las Cortes Generales, en vez de adscrito.
Además, modifica la redacción del artículo 56 para que conste que el régimen de funcionamiento del Observatorio de la Vida Militar, el estatuto de sus miembros y la composición y funciones del órgano de trabajo se determinará de acuerdo con el Reglamento, en vez de "reglamentariamente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sumar justifica que la puesta en marcha del Observatorio ha evidenciado la importancia de sus funciones, pero que su actual regulación precisa de una modificación que incremente sus medios y capacidades para que pueda seguir contribuyendo a la mejora de las condiciones de trabajo y calidad de vida de los militares y de su familias.
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