Madrid, 19 jun (EFE).- La esposa del presidente de Quirón Prevención, Gloria Carrasco, ha defendido la legalidad de la venta de una empresa a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que le pareció razonable y sobre la que ha dado detalles para despejar dudas sobre una posible comisión encubierta.
La jueza que investiga a González Amador citó el pasado día 4 para este jueves como imputada a Gloria Carrasco, a quien el empresario compró una empresa por medio millón de euros en lo que la magistrada sospecha que fue una comisión encubierta.
Se trata de la pieza separada en la que indaga si la pareja de Díaz Ayuso incurrió en corrupción en los negocios y administración desleal en sus actividades comerciales con Quirón Prevención S.L..
La operación que investiga es la compra, en diciembre de 2020, de la empresa Círculo de Belleza por 500.000 euros, cuando, según los informes de la Agencia Tributaria, esa firma "carecía de actividad y patrimonio" y cuando la empresaria, que poseía el 60 % de las participaciones, compró el 40 % restante por apenas 16.000 euros a su marido y a su hermano, tres meses antes de venderla incrementando su valor un 1000 %.
Este jueves, Gloria Carrasco ha defendido que la compra fue legal, detallando a preguntas de la jueza, del fiscal y de su abogado que fue González Amador el que se la propuso y ella aceptó porque le pareció razonable toda la operación, han informado a EFE fuentes jurídicas.
Además, la compraventa cuadraba con sus proyectos, añaden las fuentes, que han precisado que Carrasco ha dado extensos detalles sobre esa operación.
Gloria Carrasco ha comparecido como investigada durante más de una hora y no ha hecho declaraciones a la prensa.
La magistrada imputó a la esposa del presidente de Quirón Prevención pocos días después de proponer, en la causa principal, juzgar a Alberto González Amador por un supuesto fraude de 350.951 euros a Hacienda y presunta falsedad documental.
González Amador no declaró en este proceso principal, pero sí lo hizo en el marco de la denominada pieza Quirón, tratando de desvirtuar la tesis de la Fiscalía, que sostiene que pagó una comisión encubierta de 499.836 euros cuando compró, en representación de Maxwell Cremona, una empresa que carecía de valor y de la que luego se habría servido para facturar sus servicios con el grupo.
El empresario afirmó ante la jueza que la empresa tenía una interesante red de contratos de distribución y por eso hizo ese desembolso y aportó documentos para acreditar los ingresos que recibió del grupo Quirón Prevención en 2019, 2020 y 2021.
Antes de abrirse este procedimiento, en el que están personados como acusación la Fiscalía, el PSOE y Más Madrid, otro de los abogados de González Amador, Carlos Neira, propuso por correo un pacto al fiscal por el que reconocía en su nombre dos delitos fiscales para conseguir una rebaja en su petición de pena y evitar ir a juicio.
La filtración de ese correo desembocó en una investigación al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo. EFE
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