La construcción de Las Palmas empezará a contratar y dar casas prefabricadas a extranjeros

Las Palmas de Gran Canaria, 19 jun (EFECOM).- Los constructores y promotores de Las Palmas contratarán a trabajadores extranjeros, de países como Chile y Perú, con los que España mantiene convenios en materia de Seguridad Social y según permite la Ley de Extranjería, a los que alojará en viviendas de fabricación industrial.

Así lo ha anunciado este jueves la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil, antes de la asamblea general de la entidad, en la que, entre otros asuntos, se ha abordado la dificultad que tiene el sector para encontrar mano de obra local, a pesar de que se le ofrece sueldos superiores al salario mínimo interprofesional y horarios que permiten conciliar, según ha recalcado.

Para solucionar el problema "desesperante" del 12 % de absentismo que merma un 10 % la facturación del sector, la patronal tramita en la actualidad, en coordinación con la Delegación del Gobierno en Canarias, 1.000 expedientes de trabajadores especializados, que necesita para ser competitivo.

Y los traerá del extranjero en unos procesos que tendrán continuidad, ya que consideran "insostenible" la situación que perciben en Canarias, con 12.000 parados registrados de los que sólo mil tienen un certificado profesional relacionado con la construcción.

"No hablamos de que nuestros trabajadores que están enfermos tengan que venir a trabajar, sino de un absentismo que es consecuencia de las listas de espera y de los 'listos' de espera. Hay que arreglar el control de los absentistas profesionales" y permitir "que las pruebas diagnósticas puedan ser desarrolladas por las mutuas, ya que tardan hasta un año, lo que supone unos costes brutales a las empresas".

Gil ha precisado que a estos trabajadores foráneos los empresarios de la construcción de la provincia de Las Palmas les ofrecerán "como solución habitacional una vivienda industrializada unifamiliar de 30 metros" cuya ubicación en núcleos se estudia para garantizar la legalidad, ya que, al no ser cimentadas no pueden ubicarse sobre suelo urbano, sino en suelo rústico común debido a "un problema de planificación".

"No son barracones, ni contenedores, ni soluciones habitacionales que se han dado para otras catástrofes, se pueden hacer incluso en edificios y esto es solo el principio, traeremos más personas a trabajar porque hay un problema serio, hemos tenido que entrevistar a 3.330 personas para que 90 aceptaran formarse en control de obras con drones, inmersión 3D en hormigón o vivienda industrializada", ha aseverado.

Gil ha recalcado que "no se trata de salario, porque el medio en el sector supera los 23.000 euros, mientras que un peón ordinario cobra 20.000, un 32 % más que el SMI, a lo que se suma, un plan de pensiones y una carrera profesional instaurada en el mejor convenio colectivo de España, así como un horario que permite conciliar y unos procesos industrializados, innovadores y mecanizados para que las personas hagan un menor esfuerzo físico".

A su juicio, "cuando llamas a un trabajador que se niega a trabajar o a formarse, alguna medida habrá que tomar", ya que es una cuestión que también "pasa en el turismo, en el comercio o en la industria" de Canarias, donde "hay un número ingente de desempleados registrados y un número ingente de vacantes disponibles que, si no se llenan con las personas que están aquí y si éstas tampoco se forman, habrá que analizar cuál es la cuestión". EFECOM