Vitoria, 30 may (EFE).- El Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU ha emitido un dictamen en el que critica a España por no haber investigado las torturas que Raúl Fuentes Villota, condenado a 50 años de prisión por su pertenencia a ETA, denunció haber padecido en la comisaría de Bilbao tras su detención el 6 de junio de 1991.
El comité considera que "existieron indicios razonables de tortura, que no han sido disipados por el Estado" y entiende que la falta de investigación de los malos tratos denunciados es incompatible con la obligación de una pronta investigación prevista en el artículo 12 de la a Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por los Estados.
Según ha informado en una nota Giza Eskubideen Behatokia (Observatorio de los Derechos Humanos), el comité de la ONU censura que "las autoridades archivaron la denuncia del autor sobre la tortura y malos tratos por la prescripción del delito de tortura". A su juicio, este hecho vulnera el artículo 14 de la Convención, que establece el derecho a garantizar la reparación a la víctima de tortura.
"El CAT ha entrado a valorar una cuestión crucial, la imprescriptibilidad de la tortura. Efectivamente, en base a la legislación internacional, no se podrían alegar los plazos legales de prescripción por los efectos permanentes que la tortura deja en la persona", ha afirmado el Observatorio.
El Observatorio ha recordado además que "no es la primera vez que este alto Comité tira de las orejas a España por no investigar torturas en un caso concreto de detención incomunicada" y cita los casos de Encarni Blanco, Kepa Urra y Orkatz Gallastegi.
Esta asociación además ha recordado que este mismo mes la Audiencia Nacional ha absuelto a la exjefa de ETA Iratxe Sorzabal de un delito de estragos por la colocación de un artefacto explosivo en 1995 en la frontera de Irun, al dar por probado que asumió la autoría de este atentado al ser sometida a malos tratos cuando fue detenida por la Guardia Civil.
Ahora que la Audiencia Nacional "se ve en la obligación de rendirse a la evidencia en el caso Iratxe Sorzabal, esta decisión del CAT conlleva interpretar que casos que la justicia española considera prescritos deberían ser investigados sin excusas".
El abogado suizo Olivier Peter, miembro del Consejo Asesor del Observatorio y que ha llevado el caso, ofrecerá el próximo martes en Bilbao una rueda prensa para hacer un análisis más exhaustiva de la este informe y del precedente que sienta de cada al futuro. EFE
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