Palma, 29 may (EFE).- El Tribunal Constitucional (TC) ha pedido información al Parlament balear para estudiar si el presidente de la cámara, Gabriel Le Senne (Vox), vulneró derechos fundamentales de dos diputadas socialistas cuando el 18 de junio pasado las expulsó por exhibir en la Mesa del órgano parlamentario fotos de republicanas fusiladas.
El TC ha dado diez días de plazo para que el Parlament le remita copia del pleno en el que Le Senne echó del hemiciclo a Mercedes Garrido y Pilar Costa, vicepresidenta segunda y secretaria segunda de la Mesa, durante un debate sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática.
En esa sesión, el presidente del Parlament rasgó la fotografía de tres mujeres víctimas del franquismo que Garrido exhibía en su ordenador portátil, un hecho por el que el diputado de Vox está imputado por delito de odio.
El alto tribunal solicita, además de la grabación del pleno en el que se produjo el incidente, copias de las actas de las reuniones posteriores de la Mesa y la Junta de Portavoces en las que Le Senne rehusó rectificar y admitir que había vulnerado sus derechos.
Garrido y Costa recurrieron en amparo al TC al entender que el presidente de la cámara vulneró sus derechos como diputadas, como miembros de la Mesa y atentó contra su libertad de expresión sin que lo justificara su conducta ni estar respaldado por el reglamento del Parlament.
En reiteradas ocasiones, Le Senne se ha justificado con el argumento de que las dos diputadas violaban la obligatoria neutralidad del órgano de gobierno de la cámara legislativa al exhibir imágenes de víctimas de la represión franquista cuando precisamente se debatía sobre una ley referida a la memoria histórica.
Cuando fueron expulsadas, Costa y Garrido exhibían desde sus puestos en la Mesa del Parlament retratos de las militantes comunistas Aurora Picornell y de las hermanas Antònia y Maria Pascual, asesinadas en la Noche de Reyes de 1937.
Uno de los argumentos planteados por la representación de las diputadas en el recurso de amparo ante el TC es que existe una "tradición" de exhibición de imágenes y símbolos en las tapas de los ordenadores portátiles de los parlamentarios, tanto desde la Mesa como en los escaños ordinarios.
Subraya también el recurso que no existe ninguna norma específica en el reglamento de la institución que justifique la actuación de Le Senne.
El diputado de Vox está imputado por delito de odio por romper la foto de las republicanas represaliadas y el pasado 20 de febrero el juez instructor de la causa ordenó la apertura de juicio oral y le impuso una fianza de 40.000 euros.
El proceso está pendiente de la resolución de la Audiencia Provincial sobre el recurso contra su imputación que presentó el presidente del Parlament, en consonancia con la posición de la Fiscalía, que no aprecia delito en su actuación. EFE
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