Noelia López
Madrid, 27 may (EFE).- En 2014, en el congreso federal del PSOE que le designó por primera vez secretario general del partido, Pedro Sánchez prometió acabar con el aforamiento de los cargos públicos. Más de una década después, solo seis comunidades han dado el paso de quitar o limitar ese privilegio a los cargos públicos autonómicos.
El debate ha vuelto al primer plano después de que el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, haya recogido su acta de diputado en la Asamblea regional mientras estaba siendo investigado en la causa abierta contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.
El aforamiento de Gallardo retrasará el proceso y obligará a elevar su caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Tras dar ese paso, ha propuesto al PP modificar el Estatuto de Autonomía de la comunidad para eliminar la figura del aforamiento. "Lo que tiene que hacer Gallardo es renunciar al aforamiento hoy mismo y, a partir de ahí, estamos dispuestos a hablar de cualquier modificación normativa", le ha respondido la presidenta autonómica, María Guardiola.
Los socialistas, fuera del Gobierno, propusieron en 2013 una reforma de la Constitución en cuarenta puntos que incluía, entre otros asuntos, limitar parcialmente los aforamientos.
En 2014, ante los delegados del congreso federal del PSOE, Sánchez se comprometió a "acabar con el aforamiento total de los cargos públicos"; y ya en el Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy, en 2018, el Consejo de Ministros dio luz verde a un anteproyecto de reforma de la Constitución para eliminar esa prerrogativa a diputados, senadores y miembros de el Ejecutivo en caso de delitos cometidos fuera del ejercicio de su cargo.
En 2019 Sánchez insistió en esa medida en su discurso de investidura ante el pleno del Congreso, pero la reforma no se ha materializado.
Solo Ciudadanos empujaba en su día en favor de suprimir los aforamientos, pero su capacidad de presionar fue menguando de forma acelerada.
Canarias, Cantabria, Murcia, Baleares, Aragón y La Rioja ya han reformado sus estatutos para borrar los aforamientos.
Los canarios fueron pioneros y el 6 de noviembre de 2018 el Boletín Oficial deL Estado publicaba la ley orgánica del nuevo Estatuto de Autonomía de las islas, que eliminó el aforamiento para los diputados y los miembros del Gobierno regional.
Los riojanos, por su parte, siguen esperando a que el Congreso ratifique su reforma, que llegó a ser tomada en consideración por el pleno en 2021 pero luego quedó aparcada; tras las elecciones, debe aún retomarse su tramitación.
El debate ha sido recurrente en otras comunidades e incluso se llegó a un acuerdo en Castilla-La Mancha, pero la reforma no prosperó.
El apartado 1 del artículo 102 de la Constitución establece que al presidente y a los demás miembros del Gobierno solo se les podrá exigir responsabilidades penales ante el Tribunal Supremo y el artículo 71 otorga esa prerrogativa también a diputados y senadores, que no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la cámara respectiva.
La finalidad de esta figura, según la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, es garantizar la libertad, autonomía e independencia de los órganos constitucionales y evitar presiones a los miembros del gobierno.
Se busca proteger a estos cargos públicos frente a actuaciones que puedan menoscabar las funciones que tienen encomendadas, a través de la utilización abusiva de querellas insidiosas o políticas y de procesos judiciales con fines espurios. EFE
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