Fiscalía de Valladolid solicita una condena global de doce años y dos meses de cárcel para el joven Roberto A.A.D, al que acusa de la violación de una joven en febrero de 2024 en Medina del Campo, donde coincidió con la víctima en una discoteca de la localidad, bailó con ella y luego la siguió hasta su domicilio y dentro del portal, presuntamente, la abordó y obligó a practicarle una felación.
Durante el juicio que se celebrará, en fecha aún por concretar, en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, se reproducirán unos hechos que se remontan a la madrugada del día 11 de febrero de 2024 cuando el procesado, de 23 años y de nacionalidad rumana, acudió con un amigo a la discoteca-pub Imperium, sita en la Plaza de Segovia en Medina del Campo, y allí coincidió con la víctima, a la que no conocía de nada, con la que estuvo bailando y, luego besándose, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas.
Cuando el pub cerró, no antes de las 06.30 horas, ambos salieron de dicho local junto con un amigo del acusado y una amiga de ella, y se separaron. La víctima se dispuso entonces a dirigirse a su domicilio y en ese trayecto fue seguida, sin ella saberlo, por la persona con la que minutos antes había estado en la 'disco'.
Una vez que la joven entró en el portal, su perseguidor hizo lo propio y, presuntamente, la empujó por la espalda. Ella cayó hacia adelante y quedó apoyada en los primeros escalones de la escalera que da acceso a las viviendas. Allí, "con evidente ánimo libidinoso", el acusado forcejeó con la joven, le tocó los genitales y trató de quitarle el pantalón. Acabó por bajar los pantalones de la mujer y los suyos propios y, aprovechando la posición de aquella pretendió penetrarla analmente, por la fuerza, lo que no consta consiguiese.
NO FUE CAPAZ DE PEDIR AUXILIO A UNA VECINA
En un momento dado, una vecina que iba a trabajar encendió la luz, lo que hizo que el procesado se separara mientras la joven se quedó completamente paralizada y sin ser capaz de gritar ni pedir ayuda. Cuando la vecina marchó, la joven intentó escapar escaleras arriba, lo que le fue impedido por el acusado que la alcanzó y le exigió mantener relaciones, pues manifestaba estar "muy caliente".
Allí, la acusación pública sostiene que la víctima, "completamente intimidada" y tras caer boca arriba, fue golpeada en la cara por su agresor, sujetada por la coleta y obligada a masturbarle, tras lo que le exigió que le hiciera una felación, como así hizo ella, "completamente indefensa y aterrorizada". Finalmente, la agredida consiguió soltarse y, tras vomitar, llamó a la puerta de su casa, momento en que el procesado emprendió veloz huida, dejando abandonada una camisa en el portal.
Como consecuencia de los hechos, la mujer sufrió distintas lesiones y un trastorno por estrés postraumático.
El procesado, por su parte, está en prisión provisional por tales hechos desde el día 13 de febrero de 2024 y hasta el momento presente.
En su escrito de calificación provisional de los hechos, la acusación pública tipifica la conducta del encausado, de 23 años, como un delito de agresión sexual y otro de lesiones. Por el primero de ellos solicita una condena de diez años y tres meses de prisión, junto con la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de quinientos metros, su domicilio, lugar de estudios y lugar de trabajo y a cualquier otro lugar frecuentado por la misma y la de prohibición de comunicación con ella por cualquier medio durante diez años y tres meses, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Igualmente, pide la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad y personas con discapacidad por un tiempo de veintisiete años y tres meses, y libertad Vigilada por diez años a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad
Con respecto al delito de lesiones, el encausado se expone a una pena de veintiséis meses de prisión y la prohibición de acercarse o comunicar con la víctima durante el mismo tiempo que dicha pena privativa de libertad.
En concepto de responsabilidad civil, la fiscal del caso pide una indemnización de 30.000 euros en favor de la denunciante por los perjuicios ocasionados por la agresión sexual y las lesiones ocasionadas.
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