El Gobierno de Aragón, en ejercicio de sus competencias en atención a la infancia vulnerable, ha atendido en todo 2024 a 1.804 niños y niñas, adolescentes y jóvenes españoles, extranjeros y extranjeros no acompañados, según ha dado a conocer este domingo después de negarse a ello y mantener durante varias semanas un pulso con el Gobierno de España una vez que PSOE y Junts alcanzaron un acuerdo para el reparto de 4.000 menores inmigrantes no acompañados localizados en Canarias.
En la Comunidad autonóma aragonesa, subrayan desde el Ejecutivo autonómico, actualmente no hay ningún niño menor de 6 años en un centro residencial y Aragón es una referencia en este aspecto, tal y como certifica el último informe de Nuevo Futuro en colaboración con el Ministerio de Juventud e Infancia publicado esta misma semana. Precisamente ese informe señala que las CCAA que más plazas de menores extranjeros no acompañados han destruido desde 2021 han sido Cataluña y Navarra.
Desde el Departamento de Bienestar Social y Familia recuerdan que Aragón ya está atendiendo --lo hace desde finales de 2023-- a todos los menores de edad que llegan a la Comunidad a través del programa de protección internacional que depende del Gobierno de España, y que llegan camuflados entre los adultos. De todos ellos se está haciendo cargo la DGA, con sus propios recursos y en cumplimiento de lo que establece el marco competencial.
En ese sentido, el Gobierno de Aragón dice que "deplora" las recientes referencias a la atención que se les está prestando en Aragón a los menores vulnerables, sea cual sea su circunstancia o procedencia, usando para ello términos como "crueldad" o "insumisión", que han realizado en la última semana representantes del Gobierno de España, como ha hecho la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista publicada este domingo en El Periódico de Aragón.
Desde el Ejecutivo autonómico se señala que es precisamente el Gobierno de España quien tiene todavía que responder al Tribunal Supremo sobre qué va a hacer para atender a más de un millar de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que están a cargo de los servicios de protección de menores de Canarias.
En todo lo relativo al Real Decreto Ley 2/2025, de 18 de marzo, el Gobierno de Aragón recuerda que cumple la Ley y acata las decisiones de los tribunales.
Aragón ha considerado desde un primer momento que ese Decreto Ley para imponer a las CCAA el reparto de los menores migrantes que permanecen en Canarias y Ceuta por la emergencia migratoria es inconstitucional y conculca, además, todos los consensos que hasta ahora regían en lo relacionado con la atención a estos jóvenes, que se acordaban en las Conferencias Sectoriales, con lo que se han quebrado los principios de igualdad y solidaridad entre Comunidades Autónomas, una vez más, en favor de intereses que nada tienen que ver con la atención a estos menores vulnerables.
El Gobierno de España, critican desde el Ejecutivo de Azcón, ha pretendido imponer una regulación pactada con un partido político y lo ha hecho conforme a razones muy alejadas del interés superior del menor que debe presidir esta normativa, que se ha redactado a espaldas del resto de CCAA.
CUESTIÓN DE COMPETENCIAS
El Gobierno de Aragón apremia al Gobierno de España a que se ocupe del ejercicio de las competencias que le corresponden; entre ellas, dar una respuesta a las más de 40 personas que están atendiendo los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza y que, pese a tener reconocida la protección internacional del Gobierno de España, han sido expulsados y se han visto expuestos a vivir en la calle cumplen tres meses en el programa o incluso cuando detectan problemas de salud mental.
También se puede plantear al Ejecutivo central que audite cómo se está atendiendo --en qué condiciones y con qué medios-- a las madres con hijos menores de edad que están en cualquiera de los programas de atención humanitaria y del sistema de acogida de protección internacional que son responsabilidad del Ejecutivo central en varios puntos de la Comunidad.
Entre las competencias del Gobierno de España, recuerdan desde el Pignatelli, se encuentra asimismo dotar de personal suficiente a las oficinas de la Seguridad Social, que en Zaragoza están faltas de profesionales, para tramitar gestiones como el IMV --la Comunidad Autónoma debe complementarlo porque se ha demostrado insuficiente para las familias y también ha retomado la actualización de las prestaciones de las pensiones no contributivas que se había abandonado-- y los permisos de trabajo.
Queda pendiente también, a juicio del Gobierno de Aragón, que los Ministerios competentes clarifiquen qué va a suceder con todas las familias de origen migrante, trabajadoras, que debido a la reciente reforma del Reglamento de Extranjería están en riesgo de quedarse sin papeles, sin sustento ni modo de obtenerlo.
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