El PP quiere que el Pleno del Congreso inste la próxima semana al Gobierno a colaborar en las investigaciones judiciales, parlamentarias o administrativas que se lleven a cabo ante posibles irregularidades vinculadas a su gestión.
Este es uno de los puntos de la moción consecuencia de la interpelación que el primer partido de la oposición dirigió el pasado miércoles a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y que va a someter a votación en el hemiciclo.
En su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, los de Alberto Núñez Feijóo denuncian que, mientras el Gobierno publicita su Plan de Acción por la Democracia, "se niega a dar explicaciones pertinentes sobre actividades conocidas en su seno que, más allá de que puedan ser o no constitutivas de delito, son absolutamente incompatibles con a integridad y ética públicas".
NO BASTA CON DENUNCIAR "CACERÍAS"
"Un Gobierno que crea realmente en la ética pública tendría que tener una respuesta ante las conductas reprobables que fuese más allá de tildar cualquier denuncia de 'cacería' o 'campaña de acoso', pretendiendo eludir de este modo la necesaria rendición de cuentas que debe realizar cualquier gobierno democrático", aduce el PP.
En este contexto, intentará que la Cámara emplace al Gobierno a comprometerse a mantener una "colaboración activa con todas las instancias judiciales, parlamentarias y administrativas" que investiguen posibles irregulares en la gestión gubernamental.
También demanda que el Ejecutivo se abstenga de "obstaculizar" el derecho de acceso a la información pública, especialmente en lo relativo la "transparencia en la gestión de los fondos públicos, la actuación de los altos cargos y las decisiones de especial relevancia institucional".
NEUTRALIDAD DE FISCALÍA Y AEAT
Otra de las peticiones de que los 'populares' van a llevar al Pleno es que el Gobierno "asegure la neutralidad" en la actuación de organismos estatales como la Fiscalía General del Estado o la Agencia Tributaria en el tratamiento de los casos a través de los que se investigan conductas en el seno del propio gobierno o de su entorno.
Y, por último, buscan que se urja también a reforzar los sistemas de control, auditoría y prevención en el seno de la Administración General del Estado, en particular en los ámbitos con mayor exposición a riesgos de corrupción".
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