Madrid, 20 may (EFE).- El pleno del Senado se ha mostrado a favor de la toma en consideración de dos iniciativas del PP para prohibir los homenajes a etarras, los conocidos como 'ongi etorri', y para endurecer el acceso a beneficios penitenciarios, exigiendo un perdón creíble a los condenados por terrorismo.
El PP logrará en la votación de mañana con su mayoría absoluta en la Cámara Alta activar la tramitación de dos proposiciones de ley que buscan la protección de las víctimas del terrorismo y que, para ser aprobadas, necesitan el visto bueno del Congreso, donde ya fueron rechazas en 2024.
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Estas iniciativas pretenden además que el Estado impulse, en un plazo de tres meses, una investigación detallada y exhaustiva sobre los atentados no resueltos, junto a Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al margen de si los casos han prescrito.
También piden que se investigue si los miembros de la dirección de ETA en el momento de cada crimen deben ser considerados responsables de los mismos.
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Los populares proponen una reforma de la ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para prohibir la exhibición pública de "monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas".
También para que los delegados del Gobierno prohíban todos los actos, concentraciones, reuniones o manifestaciones que puedan producir revictimización, incluyendo los homenajes públicos a condenados por terroristas o los convocados por personas físicas o jurídicas relacionadas con los condenados o que justifican la actividad terrorista.
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Pretenden asimismo que las conmemoraciones terroristas se cataloguen para su retirada y que se supriman las subvenciones públicas o ayudas a los responsables.
En una segunda proposición, el PP pide reformar la ley que regula el derecho de reunión, para añadir la prohibición de los homenajes a condenados por terrorismo, y de la ley de seguridad ciudadana para que celebrar estas concentraciones suponga una infracción muy grave.
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Además, con la modificación del artículo 548 del Código Penal pretenden castigar a los convocantes de actos que humillen a las víctimas con la misma pena de cárcel, de uno a tres años, que en los casos de enaltecimiento.
En su propuesta para modificar la ley general penitenciaria, el PP pretende que para obtener beneficios penitenciarios y progresar al tercer grado o semilibertad los condenados por terrorismo tengan que renegar expresamente de su actividad y pedir perdón, como ocurre ahora, pero con garantías extra.
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Así, exigen que el perdón sea "creíble" y "no tenga una mera intención finalista", una colaboración activa en la investigación de crímenes pendientes de resolverse y que sea la Audiencia Nacional y la Fiscalía las que acrediten el cumplimiento de estos requisitos.
Además, reclaman que las mismas condiciones rijan en el caso de la suspensión de la ejecución del resto de la pena impuesta y de la concesión de la libertad condicional.
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La senadora del PP, Lucía Yeves, ha defendido la necesidad de sacar adelante estas iniciativas ante los 379 asesinatos de ETA sin resolver y los 466 actos de apoyo a la banda celebrados en 2023. Además, ha acusado al Gobierno de "pisotear la memoria y dignidad de las víctimas a cambio de un puñado de votos manchados de sangre", un reproche compartido por Vox.
En cambio, el resto de grupos, contrarios a estas iniciativas, han acusado al PP de usar de forma partidista el dolor de las víctimas de terrorista. Las propuestas "rezuman venganza", ha advertido el PNV que no ve tampoco encaje constitucional.
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La senadora de EH Bildu ha dicho sentir enormemente el sufrimiento de las víctimas causadas por ETA, que se compromete a intentar mitigar, pero considera que la intención de PP es instrumentalizar a las víctimas para hacer creer que la amenaza de ETA persiste. Además, ha recordado que no hay 'ongi etorri' desde que los presos pidieron que no se realizasen.
El senador del PSOE, José Manuel Franco, ha acusado al PP de utilizar el "dolor de las víctimas" para intentar erosionar al Gobierno de Pedro Sánchez y ha apuntado a la inconstitucionalidad de varias de las medidas, como las que buscan limitar los derechos de manifestación y reunión. EFE
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