Madrid, 13 may (EFE).- El Gobierno ha dado luz verde este martes a la reforma de la ley del Poder Judicial que contempla un sistema público de becas de 4 años de duración por el valor del salario mínimo interprofesional (SMI) para los opositores que quieran acceder a la carrera judicial y que prohibirá la financiación privada de las asociaciones judiciales.
El texto ha sido aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, después de los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo de Estado, con lo que el texto pasa ahora a tramitación parlamentaria para su aprobación definitiva por las Cortes Generales.
Según el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de la carrera fiscal y judicial "mejora sustancialmente la carrera judicial".
"Es una reforma valiente, que va a incorporar más talento a la carrera judicial, mayor número de jueces, de fiscales, de magistrados ejerciendo su labor, que va a dar más garantías, más certezas en el proceso de ascenso de promoción de los miembros de la carrera judicial y que además será más transparente en su desarrollo", ha destacado.
Con esta reforma, el Gobierno busca "blindar por ley" el sistema de becas que ya existe, las Becas SERÉ, y las equipara al salario mínimo interprofesional. Dirigidas a opositores cuyas familias tengan rentas bajas o medias, estas becas se convocarán anualmente y tendrán una duración de cuatro años con el objetivo de que cualquier opositor a los altos puestos de la Administración de Justicia pueda prepararse con independencia de la renta de su familia.
El Centro de Estudios Jurídicos se convertirá en un centro público de preparación de oposiciones con delegaciones en cada territorio y se creará un registro público de jueces y magistrados que hayan pedido la compatibilidad para preparar oposiciones.
Regula la financiación de las asociaciones profesionales de la judicatura, que no podrán tener financiación privada y contempla la modificación del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal.
Así, sustituye una prueba oral por una prueba escrita basada en un caso práctico, que hasta ahora no existía, mientras que quienes acceden por el cuarto turno, primero realizarán el ejercicio de redacción de un dictamen y luego se valorarán los méritos profesionales. Ambos ejercicios escritos estarán, además, anonimizados.
La ley crea un registro público de jueces y magistrados que preparan opositores.
También regula el cuarto turno (que implica que juristas de reconocida competencia que llevan más de 10 años de ejercicio profesional puedan acceder a la carrera judicial) para asegurar que cada vez que se convoque el turno libre se convoque también el concurso oposición.
Prevé, por primera vez, el cuarto turno en la carrera fiscal y regula un proceso de estabilización para los jueces y fiscales sustitutos, como exige la Comisión Europea.
En cuanto a la mejora de la carrera profesional establece un sistema de ascenso automático por antigüedad, mejora la especialización de jueces y magistrados, concretamente en los ámbitos mercantil y de violencia sobre la mujer, y elimina las incompatibilidades de jueces y fiscales sustitutos cuando no ejercen esta función. EFE
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