Funcionarios acusados niegan irregularidades en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar

Sevilla, 7 abr (EFE).- Los cuatro funcionarios de la Junta de Andalucía que han declarado este lunes como acusados en el macrojuicio por la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla), han negado irregularidades en las mesas de concurso y contratación de las que formaron parte.

Durante la vista oral, en la que estaba previsto que este lunes declararan los empresarios Mario e Isidoro López Magdaleno -quienes finalmente lo harán este martes-, estos cuatro de los 16 procesados totales han coincido al señalar que no recibieron órdenes ni instrucciones sobre qué firma debía ganar el concurso por la adjudicación, que correspondió a la empresa México-Minorbis.

También han asegurado que no conocían a los empresarios acusados en este proceso, en el que la Fiscalía no ve delito, que no tuvieron la sensación de que el concurso estuviera "amañado" y que, si hubieran conocido alguna irregularidad, la habrían denunciado.

Una de las declaraciones más extensas, que se ha prolongado cerca de dos horas, ha sido la del entonces jefe del Servicio de Contratación de la Junta, quien ha censurado que los escritos de las acusaciones recogen "una mentira detrás de otra" y ha aclarado que le tocó formar parte de la mesa del proceso por "puro azar".

Las críticas palabras de este procesado respecto a las acusaciones en su contra han llevado a uno de los abogados a quejarse ante el tribunal, cuyo presidente le ha pedido que no utilizara la palabra mentira, de ahí que haya optado por cambiar ese término por el de "no verdad".

"El único interés que tenía era hacer bien mi trabajo, he estado en más de mil mesas de contratación", ha recalcado este procesado, quien como el resto de comparecientes ha lamentado que su investigación en esta causa le supusiera haber sido degradado en nivel profesional y salarial.

La causa se abrió inicialmente en febrero de 2015 con la denuncia que interpuso Emerita Resources España, que también optaba a la concesión de la mina, y que denunció la existencia de irregularidades durante la tramitación del expediente y adjudicación del concurso.

La tramitación judicial sufrió una serie de incidencias, entre ellas dos intentos de archivo por parte de la juez instructora, Patricia Fernández, que fueron enmendados por la Sección Séptima de la Audiencia en sendos autos de los que fue ponente la magistrada Mercedes Alaya, y que ha concluido con mayores peticiones de delitos para los acusados.

En esta macrocausa se sientan en el banquillo, en su mayoría, funcionarios y técnicos que participaron en la mesa de contratación y la comisión técnica del proceso, además de empresarios.

El juicio arrancó el pasado 3 de marzo, cuando las defensas plantearon como cuestiones previas vulneración de derechos y lamentaron la "pena de banquillo" de los acusados.

Las defensas fueron especialmente críticas con los autos de la Sección Séptima de la Audiencia, siendo ponente la magistrada Mercedes Alaya, contra los intentos de archivo de la causa de la jueza de Instrucción número 3.

Al día siguiente, el 4 de marzo, precisamente el Ministerio Fiscal negó vulneración de derechos durante la investigación de la causa y defendió la actuación por parte de la jueza de Instrucción número 3, que pidió su archivo en dos ocasiones.

Posteriormente, la Audiencia de Sevilla decidió excluir del macrojuicio el delito de administración desleal y rechazó que hubieron existido vulneraciones de distintos derechos planteadas por las defensas.EFE