La Abogacía alberga "dudas" por la ley de eficiencia y teme que la obligación de conciliar frene el acceso a la Justicia

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín, ha reconocido este viernes que "ahora mismo hay muchas dudas e incertidumbre" sobre la ley de eficiencia del servicio público de justicia y espera que la obligación de buscar un acuerdo antes de presentar una demanda civil o mercantil --que ha entrado en vigor este jueves-- no frene el acceso de la ciudadanía a la Justicia.

Así se ha pronunciado en el marco de un desayuno informativo celebrado en la sede de la Abogacía en Madrid para evaluar la puesta en marcha en esta semana de la primera fase de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia.

González Martín ha señalado que una "prueba" de las "dudas" que genera la norma es que "se ha incrementado notabilísimamente la entrada de demandas en los juzgados en estos días; y ayer ya disminuyó drásticamente". "En los próximos días habrá menos (...) No solo porque habrá que cumplir los requisitos, sino por la incertidumbre que esta nueva regulación puede provocar", ha manifestado.

Así las cosas, el presidente de la Abogacía ha indicado que espera "que el requisito de procedibilidad" es decir, de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), "no se convierta en freno o cortapisa de acceso a la Justicia".

En este sentido, ha incidido en que en la ciudadanía hay "incertidumbres" sobre "cómo acreditar" al juez que ha intentado llegar a un acuerdo antes de presentar una demanda civil o mercantil. "La ciudadanía quiere saber cuál es el requisito: si una comunicación, dos o 23", ha recalcado.

"NO HAY NINGUNA LEY PERFECTA AL INICIO"

Con todo, González Martín ha recordado que "no hay ninguna ley perfecta al inicio" y ha asegurado que ve con buenos ojos que se intente abordar y mejorar una "organización decimonónica". "La ley que tenemos es la que tenemos y hay que ponerse a aplicarla", ha apuntado.

Aunque ha indicado que la implantación de la ley "seguro que traerá problemas", ha querido poner el acento en que es una "oportunidad" para "tener una Justicia de calidad para todos los españoles en todos los territorios".

"Tenemos que colaborar para estar atentos a las incidencias y buscar soluciones", ha dicho, para luego insistir en que es "fundamental" el trabajo en conjunto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, las consejerías de Justicia, la Fiscalía, la Abogacía y el resto de operadores jurídicos.

Al hilo, ha avisado de que la "reorganización" y la entrada en vigor de esta ley, que está "destinada a la mejora de la eficiencia del servicio público", no puede llevar a una Justicia "inaccesible" o "menos accesible". "Nos jugamos el articulo 24 de la Constitución, el derecho a la tutela judicial efectiva. Es una cuestión de una importancia tremenda", ha subrayado.

MÁS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

Asimismo, el presidente de la Abogacía ha avisado de que la implantación de esta nueva ley "va a requerir de recursos materiales y humanos". "Hay que modificar instalaciones, programas informáticos de gestión, organización interna en los juzgados*", ha señalado.

Y ha incidido en que si la norma va a imponer la obligación de buscar un acuerdo antes de presentar una demanda, esta fase de mediación se debería costear para aquellos que tienen menos recursos.

Por último, González Martín ha pedido que "se escuche a la Abogacía", toda vez que "es la primera oficina judicial que visita un ciudadano". En este punto, ha recordado que en España hay 150.000 abogados en ejercicio: "Nadie está más cerca de lo que pasa en el día a día de los ciudadanos que recurren a la Justicia".