Asociaciones denuncian la falta de sanciones a administraciones por hacer mal uso de la IA

Madrid, 26 mar (EFE).- Varias asociaciones de usuarios, internautas, expertos en derecho digital y plataformas que velan por un uso ético y responsable de la inteligencia artificial han denunciado que el anteproyecto de ley que ha elaborado el Gobierno excluye a las administraciones públicas del régimen de sanciones que se pueden imponer a quien haga un uso inadecuado o perverso de esa tecnología.

Y han constatado su malestar y su crítica en las alegaciones -el plazo termina este miércoles- que han presentado al anteproyecto de ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, un texto aprobado por el Ejecutivo el pasado 11 de marzo para tratar de asegurar un uso "ético, inclusivo y beneficioso" de esta tecnología y facilitar que los usuarios puedan diferenciar con nitidez los contenidos que son reales de los que son virtuales.

El anteproyecto diferencia tres niveles de infracciones (leves, graves y muy graves) y fija sanciones que oscilan entre los 6.000 euros para casos leves (como no informar a los usuarios de que están interactuando con una inteligencia artificial) y los 35 millones de euros o hasta el 7 por ciento del volumen de negocio de una empresa para los casos más graves (como comercializar un sistema de inteligencia artificial que está prohibido).

Pero varias asociaciones de usuarios, de internautas, organizaciones proderechos humanos o abogados especializados en tecnologías y derechos digitales han criticado que el borrador elaborado por el Gobierno excluya explícitamente a las administraciones públicas de ese régimen sancionador.

En las alegaciones que han presentado lamentan la inclusión de un artículo que establece que cuando sea una entidad del sector público la que comete alguna de las infracciones, las autoridades de vigilancia dictarán una resolución señalando esa infracción, apercibirán a la entidad y establecerán las medidas correctoras que debe tomar, pero "excluyendo la imposición de multas administrativas".

Entre otras organizaciones que han presentado alegaciones contra ese artículo y la exclusión de las administraciones públicas del régimen sancionador están la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) o el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, que han observado que el Gobierno está impulsando esta ley para adaptar la legislación española al Reglamento Europeo de IA.

Sin embargo, el Reglamento Europeo -han asegurado estas organizaciones- sí prevé multas administrativas tanto para empresas como para autoridades y organismos públicos (en el caso de las empresas de hasta el 7 por ciento de su facturación mundial) y permite a los estados establecer un régimen de sanciones y multas a las administraciones públicas.

Mantienen en sus alegaciones que esa exclusión supone "un agravio comparativo" respecto de las empresas, una "falta de ejemplaridad pública" y un "grave riesgo" para los derechos de los ciudadanos al dejar sin sanción a las administraciones públicas que hagan un uso prohibido o de alto riesgo de la inteligencia artificial.

La Ley establecerá numerosas prohibiciones y obligaciones, entre ellas la de etiquetar los contenidos que se generan mediante inteligencia artificial, y restricciones muy rigurosas para aquellos sistemas basados en esta tecnología y que están catalogados como 'de alto riesgo'.

Prohíbe por ejemplo usar técnicas subliminales (como imágenes o sonidos) para manipular decisiones sin consentimiento; explotar vulnerabilidades relacionadas con la edad, la discapacidad o la situación socioeconómica (como aprovechar la adición al juego para estimular la entrada en plataformas de juego online); la clasificación biométrica de las personas por raza, orientación política, religiosa o sexual; o analizar el riesgo de que una persona cometa un delito basándose en datos personales como su historial familiar, nivel educativo o lugar de residencia. EFE