La jueza del incendio en discotecas de Murcia investigará delitos contra los trabajadores

Murcia, 24 mar (EFE).- La jueza que instruye la causa sobre el incendio de las dos discotecas de Murcia en las que fallecieron trece personas el 1 de octubre de 2023 ha ampliado la investigación, que hasta ahora analizaba si las muertes podrían constituir trece delitos por homicidio imprudente, y estudiará si se cometieron además delitos contra los derechos de los trabajadores.

En un auto notificado hoy a las partes, la instructora señala que se ha constatado “de manera indiciaria la existencia de hechos delictivos nuevos que podrían dar lugar a la comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores”, por lo que cita de nuevo a declarar a cuatro de los seis investigados hasta el momento.

En concreto, la jueza considera que deben volver a pasar por el juzgado como investigados por este posible nuevo delito el gerente de la sala Fonda Milagros, donde fallecieron las trece víctimas, y los tres responsables de la discoteca Teatre, donde la investigación sitúa el origen del fuego.

La jueza acepta así la solicitud que habían hecho los familiares de una de las víctimas mortales del incendio, Olga Lucrecia Nieto, más conocida como “Lula”, que pedían investigar ese supuesto delito contra los derechos de los trabajadores porque la fallecida trabajaba de manera habitual en la discoteca Fonda Milagros sin contrato.

La abogada que la representa, Rosa Egea, ha mostrado a EFE su satisfacción por el hecho de que se vaya a investigar ese posible delito, que afectaría a otros trabajadores del local, como el viudo de la víctima, Ferney Lozano, que también estaba en la sala la noche del incendio, y que logró salir con vida.

Asimismo, la abogada considera que la investigación debe extenderse al resto de empleados de Fonda Milagros, y también a los de Teatre, ya que en los interrogatorios que se han llevado a cabo a diversos testigos durante la fase de instrucción de la causa, ha quedado patente que muchos de los empleados de los dos locales carecían de contrato.

En su auto, la jueza cita también a declarar en calidad de testigo-perito a la arquitecta que ha elaborado el informe pericial sobre las medidas de seguridad de los dos locales, que se ubicaban en una misma nave industrial que fue dividida en dos, con una única licencia de actividad a pesar de tratarse de dos negocios diferentes, y sobre la que pesaba además una orden municipal de cese de actividad que no había llegado a ejecutarse.

Por ese motivo, los abogados de las víctimas solicitaron que responsables y funcionarios municipales fueran también investigados en la causa, una petición a la que la jueza instructora se opuso y que está recurrida en la Audiencia Provincial de Murcia, que aún no se ha pronunciado al respecto. EFE

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