El juicio a Villarejo por los trabajos para Repsol y La Caixa queda visto para sentencia: "Jamás he manchado la placa"

El juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo por los trabajos realizados para Repsol y La Caixa en el denominado 'proyecto Wine', en el que ambas compañías trataban de defender sus intereses frente a una estrategia de Sacyr para hacerse con un número importante de acciones de la petrolera en 2011, ha quedado este miércoles visto para sentencia.

Se trata de una de las líneas de investigación de la macrocausa 'Tándem', también conocida como 'caso Villarejo', por la que el comisario jubilado afronta una petición de 40 años y medio de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción, que también dirige su acusación contra su socio, Rafael Redondo, el que fuera subdirector de Servicios de Apoyo de la dirección de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Girona, el exresponsable de Seguridad de Repsol Rafael Araujo y exresponsable de Seguridad de Caixabank Miguel Ángel Fernández Rancaño.

La Fiscalía solicita 32 años y medio de cárcel para Redondo; una pena de 21 años para Girona; 28 años para Araujo; y 21 años de prisión para Fernández Rancaño.

"Hasta el último día de mi vida voy a pelear por mi honor como servidor del Estado y obviamente quiero rechazar de plano lo que he leído. Jamás he manchado la placa o he hecho uso de mi condición de policía", ha defendido Villarejo en su turno de última palabra, en el que ha insistido en que no se valió de esa circunstancia para ejecutar sus encargos privados, incluido el que ha sido enjuiciado.

En este sentido, ha indicado que cuando regresó al cuerpo en 1993 fue "con una serie de condiciones". "Como agente de inteligencia y con las empresas", ha recordado, afirmando que ha estado "en 20.000 sitios tanto por el CNI como por Interior". "Terrorismo, tráfico de armas donde podría haber ganado fortunas que me ofrecieron. Jamás lo hice", ha apostillado.

Por último, el comisario jubilado ha asegurado que no se arrepiente "en absoluto de todas las órdenes" que cumplió "de los ministros" que fueron llegando al cargo. "Lo que lamento es todo el daño que he podido causar a los que están acusados también conmigo. Sigo confiando en la objetividad e independencia del tribunal. Cuando son las 12 de la mañana no es noche cerrada y por mucho que repitan que yo era un policía nunca pisé una sede judicial", ha zanjado.

EL ACUERDO SACYR-PEMEX

La última sesión del juicio se ha cerrado con el informe final de las defensas de Araujo y de Fernández Rancaño. Salvo Villarejo, el resto de los acusados han descartado hacer uso de su derecho a la última palabra.

Es el cuarto juicio de esta causa que llega a término, después de que la Audiencia Nacional celebrase vista oral por las piezas separadas 'Iron', 'Land' y 'Pintor', otro por el proyecto 'July' y uno contra el que fuera comisario jefe del aeropuerto de Madrid-Barajas Carlos Salamanca, aunque en este último Villarejo no se sentó en el banquillo de los acusados.

A todos los encausados se les imputan diversos delitos que van desde el cohecho pasivo y activo al descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros y a la falsedad en documento mercantil.

Tal y como sostiene Anticorrupción, en agosto de 2011 Sacyr Vallehermoso, entonces presidida por Luis del Rivero, y la mexicana PEMEX alcanzaron un acuerdo relativo al ejercicio de su derecho de voto de forma sindicada en la petrolera española. Esto permitía que sumando la participación de ambas mercantiles llegarían a controlar casi un tercio del total.

Para hacer frente a esto, recuerda la Fiscalía, "los más altos directivos de Repsol adoptaron diferentes medidas", y una fue recabar información sobre ese pacto, para lo que se sirvieron de su dirección de Seguridad Corporativa, a cuyo frente se encontraban los encausados Rafael Araujo y Rafael Girona.

El tribunal que juzga a todos ellos acordó en las primeras sesiones de la vista oral dejar fuera del juicio tanto a la entidad financiera como a la energética y a la Administración del Estado después de que las acusaciones particulares y la Fiscalía renunciaran a ir en este momento contra las responsables civiles subsidiarias.