Los ayuntamientos tendrán que demostrar que ponen multas en las ZBE para acreditar que funcionan

Las zonas de bajas emisiones (ZBE) se han extendido en las ciudades españolas como una de las herramientas para reducir la contaminación del tráfico. Su implantación, sin embargo, ha avanzado a ritmos distintos: mientras algunos municipios ya restringen el acceso y sancionan las infracciones, otros han mantenido periodos de aviso o han retrasado la aplicación de sus ordenanzas.

Ese escenario cambiará a partir del 26 de noviembre. El Real Decreto 953/2026 obliga a las entidades locales a aportar documentación que pruebe que sus ZBE cuentan con restricciones en vigor, sistemas de control y un régimen sancionador efectivo. Si no remiten esa información, la zona no se considerará correctamente implantada ante las administraciones competentes.

La medida afecta a los ayuntamientos obligados a disponer de estas áreas: los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y las localidades de más de 20.000 habitantes que superen determinados límites de contaminación. La normativa busca homogeneizar la aplicación de las restricciones y terminar con los periodos transitorios en los que los conductores recibían comunicaciones sin consecuencias económicas.

Los municipios deberán acreditar controles y sanciones efectivas

La modificación introduce nuevas obligaciones en el Real Decreto que regula las ZBE desde 2022. Los consistorios deberán comunicar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a las comunidades autónomas la delimitación de la zona, su superficie, las medidas adoptadas, el calendario de desarrollo y los resultados de los indicadores de seguimiento.

La novedad reside en la exigencia de justificar la aplicación práctica del sistema. Los municipios tendrán que enviar la ordenanza vigente, los documentos que acrediten que las prohibiciones de acceso, circulación y estacionamiento ya operan y las pruebas de que disponen de mecanismos de vigilancia y control.

También deberán demostrar su integración con el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad de la Dirección General de Tráfico (DGT). El último requisito es el que endurece el control sobre las administraciones locales: deberán acreditar la aplicación efectiva del régimen sancionador.

La norma excluye expresamente cualquier “sistema transitorio de avisos” que hubiera estado previsto antes. El Gobierno vincula esa condición a la acreditación de la implantación de cada ZBE, de modo que la falta de documentos impedirá que se dé por cumplido el despliegue de la medida.

La infracción por incumplir las restricciones es de 200 euros

Entrar, circular o estacionar en una ZBE sin respetar las condiciones fijadas por cada ayuntamiento está tipificado como infracción grave en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. La sanción prevista asciende a 200 euros, aunque puede reducirse si se abona dentro del plazo establecido.

El nuevo real decreto no crea esa multa ni modifica su cuantía. Lo que cambia es la obligación de los consistorios de probar que la sanción se aplica cuando corresponde. Cada ciudad mantiene la capacidad de establecer su perímetro, los vehículos afectados, los horarios y las excepciones, siempre dentro del marco estatal.

Las condiciones de acceso tampoco son idénticas en todos los municipios. Las ordenanzas pueden contemplar autorizaciones para residentes, personas con movilidad reducida, servicios de emergencia, carga y descarga o determinados vehículos profesionales. Por ese motivo, un permiso válido en una ciudad no implica necesariamente que pueda utilizarse en otra.

El refuerzo de los controles puede tener una incidencia directa en autónomos y pequeñas empresas que usan furgonetas o vehículos comerciales para repartos, reparaciones y desplazamientos entre clientes. La antigüedad del parque móvil y el coste de renovar vehículos condicionan la adaptación de parte de esos profesionales, aunque las restricciones concretas dependen de cada ordenanza municipal.

A partir de la entrada en vigor de la reforma, los ayuntamientos tendrán que acreditar ante las administraciones ambientales que sus ZBE funcionan con limitaciones reales, vigilancia y multas. Los conductores, por su parte, deberán revisar las reglas de cada localidad antes de acceder a las áreas restringidas.