Mérida, 11 mar (EFE).- El sindicato CCOO ha asegurado este martes que el asesinato de una educadora en un piso destinado a menores con medidas judiciales en Badajoz "no es un accidente" sino "el resultado de años de externalizar servicios sociales a empresas que ganan concursos prometiendo gastar menos, aunque eso signifique recortar en seguridad, formación y personal".
En un comunicado, señala que la muerte de la trabajadora "destapa la negligencia administrativa y las condiciones laborales precarias" de este colectivo y pone en evidencia las graves deficiencias del sistema de protección juvenil y las políticas de licitación "que priorizan el ahorro económico sobre la seguridad de las personas trabajadoras y de las y los menores".
Recuerda que la trabajadora sufrió una agresión violenta por parte de tres menores tutelados con medidas judiciales, mientras se encontraba sola y sin apoyo en su turno de noche, lo que revela "un patrón de desatención sistemática".
Asegura que debido a las exigencias de las licitaciones públicas "a la baja" impulsadas por la administración, los centros operan con plantillas mínimas, recursos insuficientes y protocolos de seguridad obsoletos.
A su juicio, la trabajadora estaba sola porque no se presupuesta lo suficiente para contratar a más personal, contraviniendo las recomendaciones que se vienen realizando desde hace años e incumpliendo claramente la Ley de Responsabilidad Jurídica del Menor, la Ley de Protección Jurídica del Menor y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
CCOO denuncia que los recortes en este sector son la tónica habitual y que es "en situaciones como esta" cuando se manifiesta la fragilidad del sistema, dejando en evidencia que la administración "prioriza el lucro económico sobre la seguridad de las personas trabajadoras".
Como ejemplo, afirma que en los últimos cinco años una parte muy importante de las licitaciones que se acaban adjudicando no permiten cumplir con lo dispuesto en el convenio colectivo del sector ni en la normativa de prevención y protección de las personas trabajadoras, "adjudicándose a empresas que presentan ofertas económicas temerarias", que derivan, por ejemplo, en ratios persona trabajadora/menores que impiden manejar situaciones de alta complejidad.
Por ello, CCOO que se investiguen no solo las circunstancias de la agresión mortal, sino también las posibles irregularidades en la adjudicación del servicio y la supervisión del centro.
El sindicato reclama auditorías inmediatas en todos los centros de menores del Estado para verificar el cumplimiento de ratios de seguridad y cumplimiento de la normativa vigente, reversión de las externalizaciones de los servicios sociales, suspensión de las licitaciones a la baja y revisión de los pliegos para garantizar condiciones laborales dignas.
Además, protocolos específicos de actuación ante situaciones de denuncias previas, así como un análisis exhaustivo y riguroso del perfil de los menores que son asignados en régimen semiabierto.
Ante los indicios de que se hayan cometido irregularidades, CCOO exige que se depuren responsabilidades administrativas para que las personas que se han comportado de manera negligente en el ejercicio de sus funciones "no queden impunes". EFE
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